Impuesto predial en Perú: ¿Puede la municipalidad vender o embargar su casa si tiene deuda?
Descubra cómo las deudas prediales pueden derivar en medidas legales drásticas.
El incumplimiento del impuesto predial en Perú puede desencadenar serias consecuencias legales, entre ellas el embargo de inmuebles.
Aunque la municipalidad no procede de manera inmediata al embargo de una propiedad, sí tiene la facultad de activar un proceso de cobranza coactiva cuando los propietarios no cumplen con esta obligación tributaria.
El proceso comienza con notificaciones formales al deudor, donde se exige el pago de la deuda en un plazo establecido.
Si el contribuyente no responde en los siguientes siete días, la entidad municipal puede implementar medidas como embargos preventivos, que afectan bienes como cuentas bancarias, vehículos o propiedades.
En casos extremos, y tras agotar todas las instancias previas, se ejecuta la venta judicial del inmueble para cubrir el monto adeudado.
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Especialistas en tributación municipal subrayan que estas medidas no son inmediatas ni arbitrarias, pues la ley garantiza que el contribuyente tenga oportunidades suficientes para regularizar su situación.
Sanciones por no cumplir el impuesto predial
Sin embargo, advierten que ignorar las notificaciones o acumular deudas eleva el riesgo de enfrentar sanciones más severas.
El impuesto predial, calculado en base al autovalúo de la propiedad, tiene tasas progresivas que varían entre el 0,2% y el 1%, dependiendo del valor de la vivienda. Este tributo permite financiar servicios esenciales como la seguridad, limpieza y mantenimiento de áreas verdes.
Para evitar problemas legales, las autoridades recomiendan consultar regularmente el estado de cuenta, utilizar los canales digitales para pagos y, en caso de dificultades financieras, buscar opciones de fraccionamiento.
También destacan que personas mayores con ingresos reducidos o propietarios de una única vivienda pueden acceder a exoneraciones tributarias, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
Cumplir con el pago del impuesto predial no solo evita procesos legales complejos, sino que asegura que las municipalidades puedan continuar brindando servicios públicos esenciales para la comunidad.
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