Iván Torres La Torre: «Fuerzas ocultas buscan debilitar a nuestra PNP» [ENTREVISTA]
Efectivos policiales luchan contra el crimen, con una sola mano; la otra está amarrada a las contradicciones ideológicas, políticas y de todas aquellas posiciones que hacen negocio con el crimen, advierte especialista en derecho penal.
Pasado un mes y medio del inicio del estado de emergencia en distritos como San Juan de Lurigancho y Lince, ¿podemos decir que el Gobierno tambalea ante la delincuencia?
La delincuencia viene haciendo tambalear hace mucho tiempo al país. Lo que vemos hoy es la agudización y la escalada del conflicto, por cuanto la delincuencia callejera ha sido dominada por organizaciones criminales nacionales e internacionales que, adicionalmente al ataque contra los ciudadanos, se vienen enfrentando entre ellos, disputándose los conocidos mercados criminales; procuran hegemonías entre las diversas mafias, lo cual es sumamente peligroso para el orden interno; estamos camino a una crisis sin precedentes. Luego del fallido estado de emergencia, cuyo impacto no fue analizado y medido en su real dimensión, las autoridades se encuentran en el deber, por mandato constitucional, de preservar la seguridad pública, salvaguardar el patrimonio público y privado.
Deben dictarse, con una verdadera voluntad política, las alertas, medidas y acciones en favor de nuestros aparatos de inteligencia, para que realicen la labor estratégica contra el crimen, pues solo con una labor de inteligencia estratégica, los brazos operativos podrán funcionar con eficacia. El problema estuvo en que, para decretar un estado de emergencia en distritos de la gran capital, debió existir un planeamiento de estrategias y de inteligencia, que le suministre a la fase operativa, todos los insumos y la sostenibilidad en pleno estado de emergencia.
En síntesis, un estado de emergencia es parte de un gran plan de inteligencia, con objetivos definidos, pues, caso contrario, generamos una inmovilización ciudadana en un rango de horario, que no eliminará ni disminuirá la actividad criminal, lo que generará es la diseminación del delito a otros distritos.
Nuestro gran país es un botín de oro para las organizaciones criminales nacionales e internacionales; por lo tanto, necesitamos un conductor que determine la planificación de los destinos del país en todas sus actividades productivas, con una planificación nacional; con una prospectiva de treinta a 40 años, las brechas sociales se irán acortando, generándose serenidad, tranquilidad, respeto y confianza; en el tema puntual de la lucha contra la delincuencia, se tiene que trabajar con una voluntad política férrea y contundente, con órdenes claras, involucrando a todos los sectores de control social, preventivos y reactivos. Con respecto a su pregunta, la estrategia “Bukele”, en realidad es voluntad política, en donde el primer mandatario de una República conduce la lucha contra el crimen; no hay nada por descubrir. El primer mandatario tiene una obligación y un mandato constitucional y moral para con su pueblo; de no cumplir este mandato, que asuma una responsabilidad histórica e, inclusive, legal.
Gobernabilidad...
A este gobierno, antes de exigirle su renuncia o tramitar vacancias, se le debe exigir gestión; se le debe exigir estabilidad y gobernabilidad, y esto es un tema de responsabilidad común y colectiva, en la medida en que la gobernabilidad es una armonía y equilibrio de intereses que confluyen con miras al interés general.
Durante el estado de emergencia, un policía que abatió dos delincuentes en San Juan de Lurigancho fue enviado a prisión. ¿La Policía está amarrada de pies y manos ante la delincuencia?
Nuestra Policía Nacional lucha contra el crimen con una sola mano; la otra está amarrada a las contradicciones ideológicas, políticas y de todas aquellas posiciones que hacen negocio con el crimen, que impiden la verdadera lucha contra el delito. Estas fuerzas ocultas, ajenas al interés nacional y al bienestar común, generan corrientes de opinión que se enquistan a través de falsas leyes y protocolos, generando la contradicción que les permite someter a juicios a la autoridad policial cuando cumple su deber. El objetivo de esta contradicción es debilitar, relativizar el principio de autoridad y la fuerza legítima de nuestra Policía Nacional.
La Policía no tiene una defensa legal cuando un efectivo abate delincuentes. ¿Se debe cambiar la legislación en dicho sentido?
Nuevamente, el objetivo es debilitar a la policía nacional, eso pretenden las mafias organizadas que buscan doblegar su espíritu de cuerpo y atacar el factor psicológico del policía peruano, denunciándolo, cuestionándolo, minimizando su presencia en la escena del crimen, desvalorizando su función tutelar; por lo tanto, los colegios de abogados, el tribunal militar policial, el sector justicia y demás involucrados, deben hacer los esfuerzos necesarios para fortalecer la defensa del policía peruano, mientras actúen de acuerdo a sus funciones y protocolos. Soy tributario de la idea de que el fuero militar policial tiene que volver a implementar sus jurisdicciones y competencias con mucha claridad y determinación, pues caso contrario, exponemos a nuestros militares y policías al fuero común, donde muchas veces, por ideologías o desconocimiento, se puede desnaturalizar la conducta de los policías y militares.
A poco de cumplirse un año del gobierno de Dina Boluarte, ¿podemos decir que fracasó en el manejo de la seguridad ciudadana?
Este problema de la seguridad ciudadana no es de hace un año; este problema viene de varios años atrás y ahora está agudizado; la crisis está en escalada. Este gobierno se ha encontrado con todos los pasivos generados por la ilegal política migratoria de los anteriores presidentes, que son los responsables históricos ante el país, por no haber aplicado la ley migratoria en nuestro territorio, en todo uso de sus facultades y derechos soberanos. Por lo tanto, este gobierno enfrenta el desenlace de toda una crisis acumulada y nuestra policía nacional está haciendo todos los esfuerzos a su alcance para cuidar a la población. Lo que tiene que hacer este gobierno es manifestar su voluntad de lucha contra el crimen, pero no de manera discursiva y retórica, sino que la presidenta debe conducir personalmente, con el ministro del Interior y los generales de la Policía Nacional, la lucha contra las mafias organizadas en nuestro país.
Se ha propuesto la creación de una Policía de orden y seguridad, es ello constitucional, ¿es dable crear una nueva Policía?
No perdamos el tiempo en nomenclaturas ni en equipos especiales; no perdamos el tiempo en organizar grupos de élite, puesto que eso va a generar problemas de reglamentación, administración y competencias. En todo caso, trabajemos con medidas de impacto con nuestra policía que está preparada en todas sus áreas y direcciones, para cumplir con su deber. Cualquier otra idea de escritorio es una pérdida de tiempo en la lucha contra las organizaciones criminales.
¿Usted cree que los serenos deben de portar armas letales, ello ante la facilidad que tienen los delincuentes para conseguir armas?
Un sereno no puede cumplir el rol de enfrentarse con armas de fuego ante las organizaciones criminales. El delincuente, al día de hoy, no va a ser neutralizado tampoco con armas no letales, puesto que el mercado negro de tráfico de armas de fuego permite que el más “precario” de los delincuentes callejeros ya no utilice la técnica del “cogoteo “o la “chaveta” o la “chaira” o cualquier otra arma punzocortante; todos están portando armas ilegales; por lo tanto, pretender utilizar a los efectivos del serenazgo en la lucha contra el crimen, con armas letales, es enviarlos como carne de cañón. El orden interno con arma de fuego constitucionalmente está facultado solo para la policía nacional; no podemos sustraer a la policía de este deber; el sereno podría portar armas no letales, pero no, contra el crimen organizado, sino para inconductas vecinales, violencia de mínima intensidad, resistencia a la autoridad policial, pero jamás para enfrentar a la delincuencia organizada.
¿Es la inseguridad la que está ganando la batalla?
El termómetro del conflicto nos viene diciendo que el delito está cada vez más presente contra la población. A mayor incremento de conductas delictivas, se genera la sensación de inseguridad. Estos delitos que se cometen contra la población están plenamente identificados: robo, secuestro homicidio, extorsión, sicariato, trata; pero hay algo más y es que estos delitos, para que se incrementen, las organizaciones criminales recurren a corromper instituciones, sobre todo a la policial; por esta razón, la contrainteligencia policial tiene que estar sumamente alerta, cuidando a sus cuadros y sus presupuestos.
Se debe refrescar el gabinete
Muchos están pidiendo un cambio de Gabinete, ¿usted está de acuerdo con dicho pedido?
Sí. Creo que el premier Otárola cumplió en un momento en el que se tenía que estabilizar al país. Tuvo que enfrentar los arrebatos de los seguidores del golpista Pedro Castillo; restablecer de alguna manera el orden político y lo que viene ahora, es una función de estrategia diferente, la cual debe pasar a la reactivación económica, impedir el escenario de economía en recesión; reformular aspectos en las inversiones en actividades estratégicas; por lo que considero que podría refrescarse un gabinete de manera parcial, buscando profesionales en la gestión pública que conozcan la realidad problemática y sus variables que estén orientadas a la solución en diversos aspectos.
¿Dina Boluarte debe viajar fuera del país y gobernar de forma remota?
El aparato del Estado, en el siglo XXI, con la tecnología y modernidad, permite que la gestión no se detenga por un viaje al extranjero de la primera mandataria de la República, más aún si estos viajes presidenciales son por breve término, en los cuales se debe establecer la necesidad del viaje, su pertinencia y utilidad. Si fuera menester, pues entonces, en la era de la tecnología debemos estar preparados para continuar la gestión; pero esto no quiere decir que avalemos viajes improductivos. Yo creo que un mandatario, antes de un viaje, debe explicar las expectativas políticas, económicas y sociales del encuentro que va a realizar.
Situación crítica
A poco de terminar el 2023 ¿cree que habrá más protestas contra Boluarte?
Este es un punto que ya debería estar también siendo objeto de análisis por la Dirección Nacional de Inteligencia, que entiendo así lo viene haciendo. Un alto porcentaje de las protestas vienen siendo financiadas, organizadas, convocadas, por capitales que responden a intereses ideológicos, que buscan desestabilizar al país y generar un estado de cosas “catastróficas”; muchas de las mal llamadas “protestas”, han sido en realidad bolsones de convulsión y comisión de delitos, motivo por el cual el gobierno debe estar alerta porque que estas organizaciones que se encuentren en el Perú, estarán buscando siempre la coyuntura y el escenario para desestabilizar, vía las mal llamadas protestas. El país quiere trabajar.
¿Qué rol está jugando el Congreso en la lucha contra la inseguridad?
Muchos de los parlamentarios no están preparados para legislar en situaciones tan críticas como las que atravesamos. Pongo un ejemplo: se delegan facultades al Ejecutivo para una modificatoria al Código Penal para legislar sobre el delito de receptación y robo de celulares, aplicándole una pena gravísima de treinta años de pena privativa de libertad para el ejecutor del robo y, sin embargo, al receptador que genera mercado con los productos robados, conocido como los mercados criminales, apenas se le atribuye una pena de cuatro años.
Sobre Pedro Castillo
Por lo ampuloso de los plazos de investigación a Pedro Castillo, podría ser que el Ministerio Público solicite la ampliación de la prisión preventiva por otras carpetas fiscales en las que se va construyendo prueba de la comisión de ilícitos, teniendo en cuenta que hay calificaciones jurídicas de organización criminal que se van a dilucidar de acuerdo a un debido proceso.
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