José Luis Gil, exdirector de Digimin: “Adolescentes que matan deberían recibir cadena perpetua”
Norma resulta insuficiente frente a magnitud del problema, sostuvo.
El exdirector de la Dirección General de Inteligencia (Digimin), José Luis Gil Becerra, cuestionó la nueva ley aprobada por el Congreso que habilita al sistema penal a procesar a adolescentes de 16 y 17 años por delitos graves.
Según sostuvo, la norma resulta insuficiente frente a la magnitud del problema, y propuso sanciones mucho más severas.
“Deberían recibir cadena perpetua porque son personas irrecuperables”, afirmó.
En declaraciones a un medio local, Gil Becerra, remarcó que la criminalidad juvenil supera lo contemplado por la reciente legislación.
“Es bastante conservadora. 16 a 17 años no. Acá los niños cometen crímenes desde los 13 años”, aseveró.
Añadió que el Perú debería replicar medidas adoptadas por otras naciones que enfrentan escenarios similares de inseguridad.
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“Así como nos gusta imitar cosas desde fuera, hay que imitar lo que hacen otros países que toman medidas drásticas”, indicó.
La ley, respaldada por diversas bancadas del Parlamento, permite juzgar a menores de edad por delitos como homicidio calificado, sicariato, violación sexual de menores, secuestro, extorsión, trata de personas, así como por crímenes vinculados al terrorismo y el narcotráfico.
La propuesta busca, según sus impulsores, restituir el principio de autoridad y atender la creciente participación de adolescentes en organizaciones criminales.
Pese al respaldo congresal, la norma ha generado posiciones encontradas. Mientras sus defensores consideran que marca un precedente necesario frente a los nuevos patrones de criminalidad, voces críticas como la de Gil Becerra sostienen que la legislación no se alinea con la realidad de la delincuencia juvenil.
“Aquel que desvive a otro, de la manera tan salvaje como la que se hace, no lo cura ni el tiempo ni los años”, expresó.
Gil también advirtió que el sistema de justicia debe adecuarse para responder eficazmente a estos escenarios. En su opinión, se necesita un marco legal más riguroso y coherente que evite que la impunidad alimente nuevas formas de violencia.
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