Lima bajo terror de 300 organizaciones criminales: sicariato, extorsión y más amenazan la capital
Ministro Juan José Santiváñez reveló que cantidad de criminales es el resultado de años de inacción de gestiones anteriores.
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, reveló que en Lima operan actualmente 300 organizaciones criminales, lo que levanta preocupación por la seguridad ciudadana en la capital.
El titular del Mininter calificó esta situación como el resultado de años de inacción por parte de gestiones anteriores.
“En Lima hay 300 organizaciones criminales”, afirmó Santiváñez a El Comercio. Además, señaló que la violencia que azota la ciudad es producto de la falta de medidas efectivas en el pasado.
El funcionario cuestionó la falta de intervención de los exministros del Interior, quienes, según él, permitieron el crecimiento del crimen organizado.
En otro punto polémico, el ministro criticó a los fiscales que “se amparan en el facilismo” de la detención preliminar, una figura que recientemente fue objeto de controversia tras la observación de la ley que restablecía este mecanismo en casos de no flagrancia. La decisión del Ejecutivo generó críticas, especialmente porque el plazo para emitir observaciones vencía al día siguiente.
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La demora en la promulgación de la norma permitió que Fredy Hinojosa, vocero presidencial e investigado por el caso ‘Qali Warma’, evitara su detención. Este hecho desató un debate sobre la responsabilidad del Gobierno en garantizar la aplicación de medidas contra el crimen.
Ante esto, la congresista Ruth Luque presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, el premier Gustavo Adrianzén y el propio ministro del Interior. Según Luque, “el Ejecutivo benefició directamente al entorno cercano de la presidenta al observar la ley un día antes del vencimiento”.
Mientras tanto, Santiváñez reiteró el compromiso del Mininter de enfrentar al crimen organizado y mejorar las estrategias de seguridad. Sin embargo, reconoció que revertir esta situación requerirá tiempo y la cooperación de todas las instituciones del Estado.
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