Mafia ‘Ladrillo Sindical del Sur’ con un pie en cárcel en Arequipa: utilizaron a federación departamental de trabajadores para sus crímenes
En tanto, en Lima, durante los últimos seis meses, centenares de delincuentes capturados fueron liberados por malos fiscales.
En Lima existe la idea de que solo el norte, en especial Trujillo, y la misma capital, son el epicentro de la extorsión criminal. No es cierto; también existe en Arequipa, en otras ciudades y avanza de forma acelerada en los últimos meses en todas las regiones, con el “aporte” del crimen transnacional, en especial de Venezuela.
“Extorsión, amenazas, amedrentamiento, violencia y obstaculización es lo que se vivía en doce obras [en Arequipa], cuatro públicas y ocho privadas, que estaban bajo el control de la presunta organización criminal, El Ladrillo Sindical del Sur, integrada por miembros del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Arequipa”. Es lo que constata la Policía Nacional del Perú en una investigación que es pública (1).
La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de la Blanca Ciudad va mucho más allá en el citado caso de “los ladrillos”, pero, a diferencia de Lima y el Norte, ha sabido investigar y eventualmente condenar a algunos de los autores de los crímenes de extorsión, con el añadido de que el núcleo de los facinerosos está a punto de pasar entre 15 y 25 años en las frías celdas de la cárcel de Socabaya.
¿Quiénes son?
Vayamos por partes. El 9 de enero del año pasado, el diario Correo de Arequipa dio la clarinada. La citada Fiscalía, bajo la batuta de la Dra. Rosmery Mendoza Palomino, tenía previsto acusar al secretario de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), José Luis Chapa Díaz, así como al exsecretario del sindicato de Construcción Civil, Andrés Saya, por los delitos de organización criminal, extorsión, coacción y disturbios en el caso del Ladrillo Sindical del Sur, que data del 2019.
Según la investigación fiscal, esta red criminal, que tiene a los exdirigentes Chapa y Saya como cabecilla y brazo operativo, respectivamente, “extorsionaban y cobraban cupos a empresas constructoras que ejecutaban obras públicas en la región, además de golpear a sus propios agremiados, obligándolos a paralizar las obras”.
En junio de 2019, las empresas empezaron a dejar de lado el miedo a los extorsionadores. A tal punto que el Consorcio Penitenciario Misti y otras tres empresas denunciaron ante la Fiscalía que fueron víctimas de extorsión sistemática y cobro de cupos por parte de los jerarcas locales del sindicato mencionado desde inicios de ese año.
Una nueva modalidad de crimen organizado
Como se puede colegir, si bien la obra pública en el Perú es uno de los principales motores de la economía y siempre existieron sindicatos, los actos criminales eran aislados y no eran cometidos por dirigentes sindicales, sino por delincuentes comunes infiltrados que eran finalmente expulsados.
Sin embargo, en mayo de 2019, estas presuntas mafias iniciaron sus actividades delictivas de manera organizada, logrando penetrar en la dirigencia de grandes organizaciones sindicales, como la otrora legendaria Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) y su base más fuerte, el sindicato local de construcción civil.
Tan es así que solo en ese año llegaron a extorsionar, según versión de varias empresas locales que prefirieron el anonimato por razones de seguridad, a más de 29 empresas constructoras, generando pérdidas millonarias que bordean los 150 millones de soles, según entendidos en proyectos de construcción.
Ejemplo de actuación policial
Ante esta nueva realidad, la División de Investigación contra el Crimen Organizado (DIVINCCO), con las denuncias de una decena de empresas constructoras en Arequipa, en el primer semestre del año 2019 decidió iniciar labores de inteligencia, seguimiento especializado y videovigilancia.
Gracias a ese seguimiento y al apoyo decidido de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado, a cargo de la fiscal Rosmery Mendoza Palomino, se logró además levantar el secreto de las comunicaciones, interceptando los teléfonos de los cabecillas de estas organizaciones, y obteniendo así la declaración de testigos protegidos que narran de forma clara las actividades delictivas de esta organización criminal.
El más afectado: el penal de socabaya
La obra más afectada por esta práctica delincuencial basada en la extorsión y la agresión de los integrantes de los Ladrillos Sindicales del Sur fue el Centro Penitenciario de Socabaya, ejecutado por las empresas Pizarotti de Italia y CMO del Perú.
Según las declaraciones de testigos protegidos y de un supervisor de obra ante la Fiscalía Especializada, esta banda agredía sistemáticamente a los obreros y trabajadores de construcción civil más productivos, los más eficientes, y los obligaba a paralizar sus actividades.
Las declaraciones del Ing. Lúcar Cabanillas, jefe de supervisión de la obra del penal de Socabaya ante la fiscal del caso, la Dra. Rosmery Mendoza Palomino, son la mejor prueba registrado en el Caso SGF Nº 600-2019-22
“...Durante el año 2019, era notorio que los trabajadores no producían, es decir, había 800 trabajadores y trabajaba el 40 % y un 60 % no hacía nada (…) A los trabajadores que más producían les pegaban, los amedrentaban para bajarles la moral”, denunció Cabanillas.
Asimismo, secuestraron a los ingenieros a cargo de la obra por más de tres horas, con el objetivo de obligarlos a contratar a más de 1,200 trabajadores, de los cuales laboraban únicamente 400, produciendo una pérdida de más de 18 millones de soles solo por concepto de baja productividad de la mano de obra.
La politización como refugio
Es importante subrayar que, durante la pandemia y los meses subsiguientes, la Fiscalía recabó las pruebas, y esta fue la base —con apoyo policial— para armar la hipótesis de que estábamos frente a una organización criminal extorsiva, especialmente si las declaraciones de los agraviados eran contundentes y el dinero y las propiedades amasados por sus cabecillas, calculados en cerca de 150 mil soles mensuales, mostraban que era momento de una justicia firme para empresarios y trabajadores. Aun así, estos fueron procesados en libertad.
Para salvar la cara ante el sindicalismo arequipeño de lo que fue la gloriosa central sindical FDTA, su exsecretario general José Luis Chapa y Andrés Saya, secretario de Construcción Civil, recurrieron al recurso de que eran “perseguidos políticos”. Además, en ese entonces este dúo y otros de sus camaradas se plegaron a colectivos “defensores” del Valle de Tambo y contrarios a la minería.
Chapa, originario de la zona cercana a Tía María, Mollendo, afirmaba que esa “persecución” tenía sus causas en su posición antiminera, y que los sindicalistas eran víctimas de esta posición limeña. También acusaba a la capital de criminalizar las protestas bajo el pretexto de su pertenencia a los Ladrillos Sindicales del Sur, es decir, la politización como refugio.
Testigos narran agresiones
Testigos protegidos, residentes y supervisores de obra, en sus declaraciones ante la Fiscalía Especializada en enero de 2022, describen cómo estos sujetos, mediante agresiones físicas y extorsiones, lograron tomar el control de más de una decena de obras en Arequipa: el Penal de Socabaya, el Hospital Maritza Campos, el Hotel Hampton, el Instituto Británico, etc.
“Las cuotas”
Los cupos, también llamados “cuotas” en construcción civil, son lo que las organizaciones criminales cobran a empresarios, constructores, transportistas y otros para dejarlos trabajar en la zona que tienen bajo su control.
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