Más de 300 colegios cierran en Perú ante amenazas de extorsionadores
Instituciones educativas privadas y públicas enfrentan exigencias de pagos por parte de mafias.
La ola de extorsiones que afecta al sector educativo en el Perú obligó al cierre de más de 300 colegios en todo el país. La situación se agrava con cada nueva denuncia, mientras directivos, docentes y alumnos enfrentan el temor constante de ser víctimas de la delincuencia organizada.
El caso más reciente se registró en el distrito de Comas, donde el Colegio Alfred Nobel anunció su cierre definitivo tras recibir amenazas diarias de bandas criminales que exigían pagos de hasta S/ 60 mil mensuales.
"Tienes 24 horas o vuelo al colegio", fue uno de los mensajes que atemorizaron a la comunidad educativa, según relataron vecinos del barrio El Carmen. Ante la falta de garantías de seguridad, los propietarios del plantel optaron por suspender sus actividades.
Giannina Miranda, presidenta de la Asociación de Promotores de Educación Inicial y representante del colectivo Educar con Libertad, confirmó que este fenómeno se extiende a diversas regiones del país.
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"No hay un plan integral de seguridad por parte del Ejecutivo", señaló Miranda, quien advirtió que las mafias están atacando instituciones vulnerables con exigencias de pagos que oscilan entre S/ 10 mil y S/ 70 mil mensuales.
La preocupación también alcanza a los docentes, quienes son víctimas de amenazas y agresiones en diferentes zonas del país.
Lucio Castro, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep), reveló que en regiones como La Libertad, los maestros deben pagar entre S/ 5 y S/ 10 diarios para evitar ataques. "Quienes se niegan a pagar son amenazados de muerte", alertó Castro.
Colegios obligados a cerrar instalaciones
Según datos del Ministerio Público, en los últimos nueve años se han registrado más de 86 mil denuncias por extorsión en el país, con un incremento significativo en 2023 y 2024. Sin embargo, las cifras oficiales solo reflejan una parte del problema, pues muchas víctimas prefieren no denunciar por miedo a represalias.
La ausencia de una estrategia efectiva por parte del Gobierno a favor de las extorsiones, entre ellas a los colegios, propicia críticas entre los afectados. "Es inaudito que el ministro del Interior minimice estos hechos", cuestionó un promotor educativo que prefirió mantenerse en el anonimato.
La situación se repite en distritos como San Juan de Lurigancho, Chorrillos y Puente Piedra, donde colegios particulares se ven obligados a cerrar sus instalaciones por temor a atentados.
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