Más de 46 mil casos de violencia contra niños y adolescentes en Perú: reporte de Mimp corresponde a primeros 8 meses de 2024

Según reportes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de enero a septiembre de 2024, los Centros Emergencia Mujer (CEM) atendieron 46,113 casos de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años que fueron violentados en diversas modalidades. De esa cifra, 16,447 (35.67 %) fueron casos de violencia sexual, es decir, que cada día 54 menores fueron violentados sexualmente.

Ante ello, la Defensoría del Pueblo advirtió, en concordancia con lo señalado por el Comité de los Derechos del Niño, que las dimensiones ocultas de la violencia implican aceptar –por parte de los niños, así como de sus agresores y del público en general– que esta situación es parte inevitable de esa etapa de vida; o normalizar el acoso escolar, el castigo físico y humillante, el acoso sexual y otros tipos de violencia, sobre todo cuando no muestran un daño físico visible y duradero.

Medidas concretas

El organismo constitucional autónomo afirmó que se requieren medidas concretas y permanentes que contribuyan a desterrar esas nociones equivocadas; así como acciones que prevengan violencia a la integridad física, psicológica y sexual de los menores, con intervención de los servicios sectoriales y aquellos pertenecientes a los gobiernos regionales y locales. En la medida que se dote a dichos servicios de condiciones adecuadas para su funcionamiento y se supervise sus funciones, estos podrán garantizar la defensa y protección efectivas a la niñez y adolescencia, indicó la Defensoría del Pueblo.

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Alertó que la desigualdad en el acceso a servicios básicos continúa afectando, principalmente, a los niños y adolescentes en zonas rurales y urbanas marginadas, quienes enfrentan mayores barreras para acceder a servicios de alimentación, salud, educación y protección, lo que afecta su desarrollo integral, supervivencia y calidad de vida.

Monitoreo continuo

Es necesario que el Estado, mediante las entidades competentes, asegure el monitoreo continuo de estos servicios importantes para los menores de edad, señaló la entidad.

Otra amenaza al ejercicio de sus derechos son las consecuencias del cambio climático que impacta, en mayor medida, en el bienestar de la niñez y adolescencia de zonas rurales, periurbanas o con población indígena, por el incremento de enfermedades, la destrucción o interrupción de servicios educativos y sanitarios, la falta de acceso suficiente a alimentos y agua incrementan, el desempleo causado a sus progenitores, entre otros, advirtió.

Acciones planificadas

La Defensoría del Pueblo señaló que el Estado debe ofrecer protección reforzada a los menores, con acciones planificadas y articuladas entre todos los niveles de gobierno (nacional, regional y local) y sectores competentes a fin de responder a su interés superior, el cual obliga a garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos que reconoce la Convención de los Derechos del Niño.

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