Masacre en Pataz: Gremios responsabilizan al Estado por asesinatos a mineros
ADEX, Confiep, CCL, SNI, CGTP y Perú Cámaras piden desmantelamiento inmediato del Reinfo y un proceso de formalización genuino.
Los principales gremios empresariales y sindicales del Perú responsabilizaron al Estado por la masacre de 13 trabajadores mineros en la provincia de Pataz, ocurrida recientemente en la región La Libertad.
En pronunciamiento conjunto, advirtieron que la tragedia constituye una “consecuencia directa” de la falta de autoridad estatal y del mantenimiento del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que —según denunciaron— facilitó la expansión de actividades ilegales.
Los gremios firmantes, entre ellos ADEX, la CCL, la SNI, la CGTP y Perú Cámaras, señalaron que la violencia que azota la zona minera responde al abandono prolongado del Estado.
“No podemos seguir permitiendo que regiones enteras queden secuestradas por la ilegalidad”, afirmaron en su comunicado.
También pidieron el desmantelamiento inmediato del Reinfo y su reemplazo por un proceso de formalización “genuino, transparente y sostenible”.
La empresa Mina Poderosa, que confirmó el asesinato de sus 13 trabajadores secuestrados, denunció que el crimen fue perpetrado por bandas vinculadas a la minería ilegal, que operan con total impunidad.
“Pataz se ha convertido en un territorio sin ley, en el que la violencia campea impunemente”, expresó la compañía, que además responsabilizó a la Dirección General de Formalización Minera por ignorar sus reiterados pedidos de excluir a informales de sus concesiones.
Poderosa también cuestionó al Congreso por las sucesivas ampliaciones del Reinfo, al que calificó como un “manto protector” para mineros ilegales. Según datos de la empresa, 39 personas murieron en la zona por ataques similares, lo que demuestra una situación crítica que exige una respuesta inmediata.
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), por su parte, comparó el reciente ataque con los actos de violencia cometidos en décadas pasadas por grupos como Sendero Luminoso y el MRTA. “Nos traslada a los años en que actuaban esos grupos terroristas”, indicó la entidad.
El sábado, un nuevo atentado en el campamento minero Aracoto dejó ocho heridos, incluidos dos policías, lo que refuerza la percepción de que el crimen organizado ganó terreno en la región.
Los gremios reiteraron su llamado urgente al Gobierno para que implemente una política integral de seguridad, que combine acciones contra el crimen organizado con el impulso a un desarrollo formal en las zonas mineras.
“El país necesita un Estado presente, con autoridad y capacidad para proteger la vida, el trabajo digno y el desarrollo”, sentenciaron.
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