Minedu separa a 915 docentes y administrativos por delitos sexuales y terrorismo
Medida busca garantizar espacios libres de violencia en las escuelas del Perú.
En un esfuerzo por reforzar la seguridad en las instituciones educativas del Perú, el Ministerio de Educación (Minedu) separó entre abril de 2024 y mayo de 2025 a un total de 915 docentes y personal administrativo que enfrentan condenas o procesos judiciales por delitos como violación sexual, terrorismo y narcotráfico.
La medida, que se ejecutó en 790 colegios públicos y 125 instituciones privadas, respondió a la aplicación estricta de la Ley 29988, normativa que establece sanciones extraordinarias para personal educativo vinculado a estos delitos.
De los sancionados, 155 personas con sentencias firmes del Poder Judicial (PJ) fueron retiradas de forma definitiva, mientras que otras 760 fueron suspendidas preventivamente por tener procesos judiciales en curso.
Las cifras revelan una situación crítica: 772 casos estuvieron relacionados con delitos sexuales y 63 por terrorismo o apología del terrorismo, mientras que 22 trabajadores enfrentaron cargos por tráfico ilícito de drogas.
El ministro de Educación, Morgan Quero, reafirmó el compromiso del Gobierno con la integridad de los estudiantes.
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“El objetivo es que las escuelas sean lugares seguros para que nuestros niños y jóvenes estén libres de todo peligro que amenace su integridad física y espiritual”, sostuvo.
Además, remarcó que su cartera realiza un trabajo constante de fiscalización y cruce de información con el PJ para garantizar la idoneidad del personal educativo.
Evalúan más casos para depurar el sistema escolar
“La educación debe ser un espacio de confianza y no un riesgo”, puntualizó el titular del Minedu, quien aseguró que estas acciones forman parte de una política firme de prevención y protección en el ámbito escolar.
Las autoridades educativas continúan evaluando nuevos casos para asegurar que ningún agresor se mantenga en el sistema.
El Minedu anunció que profundizará las auditorías en regiones con mayor incidencia y fortalecerá los mecanismos de control en coordinación con entidades judiciales.
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