Minera Santiago 3 denuncia ataque violento de grupos informales y pide intervención urgente del Estado
Empresa acusa a miembros de ASMIL de arrojar dos camionetas con trabajadores a bordo a un precipicio, dejando a los ocupantes gravemente heridos.
La empresa Minera Santiago 3 S.A.C. emitió un comunicado público en el que denuncia un violento ataque por parte de integrantes de la Asociación de Mineros Informales de Luicho (ASMIL), quienes, según la versión oficial, habrían agredido a trabajadores y miembros de la Comunidad Campesina de Pomacocha en un intento por tomar ilegalmente posesión de su concesión minera, ubicada en la región Ayacucho.
Según el pronunciamiento, compartido por Jaime de Althaus, los hechos ocurrieron el lunes 26 de mayo de 2025, cuando un grupo de mineros ilegales habría actuado de manera violenta y organizada, arrojando a un precipicio dos camionetas con trabajadores a bordo, quienes resultaron con lesiones de gravedad.
La empresa aseguró que, pese a la situación crítica, los agresores impidieron la evacuación de los heridos hacia un centro de salud y bloquearon el ingreso de ayuda y de la PNP.
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“El accionar de ASMIL ha sido claramente de carácter terrorista, con amenazas de muerte, quema de maquinaria y destrucción de instalaciones”, señala el documento. También se reportó el secuestro de trabajadores y la quema de casetas de seguridad de la comunidad campesina, hechos que fueron registrados en video y difundidos por algunos medios locales.
Minera Santiago 3 afirmó que los agresores no tienen derecho alguno sobre la concesión ni sobre el terreno superficial, que pertenece legalmente a la Comunidad Campesina de Pomacocha. En ese sentido, la empresa reiteró que está comprometida con el proceso de formalización minera, el cual, según denunciaron, fue saboteado sistemáticamente por los grupos ilegales.
“Estos actos buscan generar terror y confusión, desalentando los esfuerzos de formalización de quienes queremos operar dentro del marco de la ley”, advierte la minera.
Frente a la gravedad de los hechos, la empresa solicitó la intervención inmediata del Gobierno Central, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú para restablecer el orden, proteger la vida de las personas involucradas, y garantizar el respeto al derecho al trabajo y a la propiedad privada. Asimismo, responsabilizó a los integrantes de ASMIL por las agresiones y pidió que se les aplique todo el peso de la ley.
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