Mineros informales amenazan retirarse de mesas de diálogo: volverán a bloquear vías si Gobierno no atiende demandas

Las negociaciones y el diálogo entre los mineros informales y el Gobierno, en el marco del proceso de formalización minera, parece haber llegado a un punto de inflexión tras el anuncio de la Confederación de Mineros Artesanales del Perú (Confemin) de suspender su participación en la mesa técnica de trabajo. En esa línea, representantes de los gremios de mineros informales acusaron al gobierno de Dina Boluarte de incumplir con su pliego de exigencias y amenazaron con volver a convocar protestas

Así lo confirmó para este diario el presidente de la Confemin, Máximo Franco Bequer, quien indicó que los mineros de la pequeña minería y minería artesanal se retirarían de la mesa de diálogo con el Gobierno si el Poder Ejecutivo no modifica el Decreto Supremo 09-2025-EM, que establece un plazo hasta el 17 de agosto para que los mineros informales puedan obtener la autorización de uso de explosivos, una exigencia que han denunciado que es inviable debido a los cortos plazos.

“Tenemos tres mesas técnicas que se han hecho y dos mesas del subgrupo (de trabajo). En el subgrupo teníamos que coordinar legalmente para que haya una explicación jurídica técnica de todas las partes para demostrar quien tenía la razón”, indicó.

“En esa subcomisión ha participado el defensor del Pueblo, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Energía y Minas y ahí se ha demostrado que han cometido una falta, que han hecho una norma en la que no se han fijado en los plazos. En ese sentido, la conclusión era que se tenía que hacer una norma para corregir eso, sin embargo, hasta la fecha no se ha hecho”, añadió el presidente de la Confemin.

Esta medida de protesta también fue confirmada por el coordinador nacional de la Confederación de Mineros Artesanales del Perú (Confemin), Ismael Palomino. “Si no atienden nuestras demandas, volveremos a protestar”, dijo.

En esa línea, Máximo Franco Bequer denunció que, de no modificarse el Decreto Supremo 09-2025-EM, más de 20 mil mineros informales quedarían excluidos de formalización, sumándose así a los más de 50 mil mineros que semanas atrás fueron excluidos del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

En ese sentido, Franco Bequer acusó al Ministerio de Energía y Minas (Minem) que lidera Jorge Luis Montero de no tener voluntad para solucionar el problema referido al plazo límite para la obtención de los permisos y autorizaciones de explosivos.

“¿Entonces de qué formalización estamos hablando? El Ministerio de Energía y Minas ha cometido el gran error de hacer mal las cosas y no tiene la hombría de resolver eso, no quieren hacer ellos un decreto supremo (para modificar plazo del 17 de agosto) porque sería retroceder”, indicó.

Intereses

El presidente de la citada Confederación también responsabilizó directamente al ministro Montero de haberse mostrado reacio a buscar soluciones al proceso de formalización minera que involucra a la pequeña minería y minería artesanal

Es así que Franco Bequer recordó que hasta antes de asumir como titular del Minem, y tal como se reveló semanas atrás en un dominical, el ministro Jorge Montero había mostrado en reiteradas ocasiones su respaldo a los gremios de la minería artesanal y la pequeña minería en su proceso de formalización en el Reinfo.

Por este motivo, el dirigente no descartó que existan intereses detrás del cambio de actitud en el ministro de Energía y Minas.

“Nosotros interpretamos que algo hay de por medio, ¿qué más va a hacer? , ¿Cómo una persona que tiene una persona distinta después cuando llega al cargo cambia? Alguna razón debe haber, intereses particulares”, aseveró Máximo Franco Bequer.

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Finalmente, el dirigente confirmó que mañana acudirían a la mesa técnica de trabajo convocada por el Ejecutivo en el Palacio de Gobierno.

Sin embargo, de no mediar un cambio en lo referido al plazo para la obtención de los permisos de explosivos para los mineros informales, los diversos gremios de la pequeña minería y minería artesanal procederán a retirarse de todo diálogo con el gobierno y convocarían una reunión de para determinar la fecha más próxima en que reiniciarían sus protestas.

Gran problema

Al respecto, el especialista en materia de seguridad y minería, Pedro Yaranga, advirtió que el reinicio de manifestaciones y protestas por parte de los mineros de la pequeña minería y minería artesanal podría generar grandes problemas al país producto de una posible radicalización de las manifestaciones.

En ese sentido, Yaranga exhortó al Gobierno a buscar un punto de entendimiento con los mineros informales, sin que esto signifique doblegarse a las exigencias de algunos sectores que podrían tratar de infiltrarse, como la minería ilegal.

“Ahí tiene que interceder el Gobierno. Si es que hubo algunas irregularidades o falta de conocimiento en el camino se debería corregir, ponerse de acuerdo con los dirigentes, sin que eso signifique dar carta abierta para la formalización de los mineros informales”, dijo en diálogo con EXPRESO.

Sin prevención

No obstante, respecto a la exigencia de la Confemin y otras organizaciones de mineros informales relacionada a la fecha límite del 17 de agosto para obtener autorización de uso de explosivos, Yaranga coincidió en que este plazo establecido responde a una falta de prevención por parte del Gobierno sobre los tiempos que pueden demorar este tipo de trámites.

Por tal motivo, el experto instó al gobierno de Dina Boluarte a reconsiderar la fecha límite establecida.

“Lo que pasa es que en la ampliación no han previsto los tiempos que deberían tener los mineros formalizados para conseguir y resguardar los explosivos, que son los polvorines. No habría tanta cantidad de polvorines como para 30 mil mineros, suponiendo que los más de 30 mil se formalicen. En eso por lo menos tendría que haber algunos meses de excepción para que ellos puedan conseguir los contratos con los propietarios de polvorines o de lo contrario también algunos de ellos habilitarse. La habilitación de un polvorín demora mínimo 6 meses”, explicó Yaranga.

Conflictividad social

El último informe del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) concluye que el auge de la minería informal y artesanal ha ocasionado que aparezcan en el campo de los conflictos sociales disputas relacionadas al control de territorio, así como beneficios entre pequeños y medianos mineros, empresas formales y comunidades.

En ese contexto la Defensoría del Pueblo también reveló una serie de datos que señalan que, del promedio de 200 conflictos sociales que suele haber por mes al año, la mitad de estos están relacionados a cuestiones socioambientales y dos tercios están vinculados al sector minero, evidenciando un predominio de los sectores extractivos en la conflictividad nacional.

El documento también señala que cerca del 15% del territorio nacional se encuentra concesionado a la actividad minera, habiendo regiones como Apurímac y La Libertad, en las cuales más del 50% de su superficie se encuentran destinadas a la minería. Asimismo, el informe de la Defensoría también advierte que en zonas como el distrito de Pataz (La Libertad), “donde las concesiones ocupan el 80% del territorio, la criminalidad asociada a la minería informal se ha convertido en un problema central”.

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