Ministerio de Educación aún debe asegurar condiciones para la modalidad presencial

Al término de una supervisión desarrollada tras el anuncio del Ministerio de Educación (Minedu), de iniciar el proceso gradual de clases presenciales en instituciones educativas públicas a partir del 19 de abril, la Defensoría del Pueblo detectó situaciones que deben ser subsanadas inmediatamente para evitar contagios de COVID-19 entre el personal docente y los estudiantes.

De acuerdo con los resultados de la supervisión, los hallazgos más alarmantes se encuentran en 7 de las 11 unidades de gestión educativa local (UGEL) que iniciaron clases con algún grado de presencialidad. En muchas de ellas no se entregó mascarillas ni protectores faciales, tampoco se realizaron campañas de despistaje de COVID-19 o no se cumplió con la desinfección de las aulas y otros ambientes de los planteles.

Las UGEL que conforman esta lista son las de Río Santiago, en Amazonas; San Ignacio de Loyola-Ichuña y Moquegua, en Moquegua; Surcubamba, en Huancavelica; Mariscal Cáceres, en San Martín; Purús, en Ucayali; y Huarochirí, en Lima Provincias.

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Cabe indicar que la supervisión, llevada a cabo en el mes de mayo, sobre la labor en 30 UGEL y una dirección regional de educación (DRE), tuvo como objetivo conocer aspectos vinculados principalmente al cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes que permitan brindar el servicio educativo presencial en condiciones adecuadas de seguridad.

Asimismo, se pudo evidenciar también que 12 UGEL no han conformado aún sus grupos intersectoriales; y que 4 no lo han hecho con sus equipos de alerta temprana, pese a ser elementos obligatorios para hacer seguimiento al servicio educativo presencial en el ámbito regional o local. También, desde la 10 UGEL informaron que ninguna institución educativa cumplió con remitir sus planes de implementación del servicio educativo, lo que podría dificultar el monitoreo eficiente a la labor que vienen cumpliendo.

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Los hallazgos encontrados durante la supervisión han sido remitidos al Ministerio de Educación. Así informó la adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto, quien precisó que con ello tiene una primera aproximación a la situación de las instituciones educativas públicas a un mes del inicio de clases presenciales y semipresenciales.

No obstante, la representante de la Defensoría del Pueblo precisó que la entidad continuará haciendo seguimiento durante todo el año a las condiciones en que se presta el servicio educativo en todo el país, a través de sus 38 oficinas y módulos defensoriales. “Como institución encargada de supervisar a la administración pública, nos mantendremos vigilantes en la labor que debe desempeñar el Ministerio de Educación respecto al cumplimiento de las normas sanitarias que regulan el regreso gradual a clases presenciales en todo el país”, subrayó.

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