MML rechaza fallo judicial que mantiene peajes vinculados a caso de ilegalidad: “Poder Judicial valida la corrupción”
Municipio cuestiona decisión del juez Chávez Tamariz de no suspender el cobro de peajes ni transferir la administración de Línea Amarilla a EMAPE.
La Municipalidad Metropolitana de Lima emitió un comunicado oficial este viernes en el que rechaza de forma tajante la decisión del juez Jorge Chávez Tamariz, quien resolvió no suspender el cobro de peajes en la concesión Línea Amarilla ni transferir temporalmente su administración a la Empresa Municipal Administradora de Peaje (EMAPE). Según la comuna limeña, este fallo ignora los derechos de los usuarios y el aumento irregular de tarifas durante la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán.
El pronunciamiento enfatiza que la decisión judicial contradice el principio básico para dictar una medida cautelar, que solo requiere la existencia de sospechas razonables sobre los hechos denunciados. Para la municipalidad, estas sospechas están plenamente justificadas por las confesiones públicas y hechos judicializados relacionados con presuntos actos de corrupción.
Uno de los puntos más controversiales que señala el comunicado es la aparente desestimación por parte del juez del impacto que tuvo la confesión pública de corrupción de Susana Villarán, así como la muerte de su exgerente municipal, José Miguel Castro, actor clave en la trama de pagos ilegales por parte de empresas concesionarias de peajes. La comuna considera que este enfoque minimiza la gravedad de los hechos.
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Desde el punto de vista del municipio, la continuidad del cobro de peajes sin medidas cautelares representa una afrenta directa a los derechos de los ciudadanos, quienes, aseguran, han venido pagando tarifas incrementadas de forma injustificada por un servicio concesionado bajo condiciones viciadas por la corrupción.
Ante esta situación, la Municipalidad de Lima solicitó formalmente al Ministerio Público que interponga una apelación en el más breve plazo posible. El objetivo, aseguran, es lograr una solución justa que respalde verdaderamente el interés de los limeños y permita recuperar el control sobre una infraestructura clave para la ciudad.
Finalmente, el comunicado concluye reafirmando el compromiso de la gestión municipal actual con la transparencia, la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos ciudadanos, en un contexto en el que, consideran, el sistema judicial debe actuar con mayor firmeza frente a hechos comprobados que afectan el bienestar de la población.
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