MTC revela informe que advierte que tren Lima-Chosica sólo debe ser usado como 'fuente de repuestos'
Consultora estadounidense advierte graves deficiencias en locomotoras y vagones donados por empresa Caltrain.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) reveló este miércoles que un informe elaborado por la consultora estadounidense Rail Electrical Service advirtió graves deficiencias en las locomotoras y vagones donados por la empresa Caltrain a la Municipalidad de Lima para el proyecto del tren Lima-Chosica.
El documento, presentado en marzo de este año, concluyó que el material rodante presenta un “alto índice de criticidad” (óxido) y recomendó que no sea reparado, sino utilizado únicamente como fuente de repuestos.
El jefe del Gabinete de Asesores del MTC, Alberto Rojas, expuso los hallazgos durante una conferencia en la que mostró detalles del reporte técnico. Según precisó, los especialistas identificaron fugas de aceite, fallas en el turbo, problemas de drenaje, cabinas deterioradas, puertas y ventanas ausentes, así como conexiones eléctricas dañadas.
En uno de los vagones incluso se detectaron daños estructurales ocasionados por una colisión, además de condiciones insalubres con acumulación de basura y signos de ocupación por personas sin hogar.
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El informe calculó que serían necesarios alrededor de dos millones de dólares para que las 20 locomotoras y 93 vagones entregados por Caltrain puedan operar, aunque advirtió que la inversión no resulta viable debido al nivel de deterioro. “No se recomienda su reparación, solo es apta para repuestos”, señala el documento de Rail Electrical Service.
Rojas subrayó que el estudio fue contratado por la propia Municipalidad Metropolitana de Lima y que su elaboración costó más de 100 mil dólares.
“Existen brechas técnicas significativas en este material rodante. Este informe ha sido cubierto con recursos públicos y, por eso, corresponde identificar a los responsables”, afirmó el funcionario.
El MTC comunicó que remitirá oficios con la documentación a la Contraloría General de la República, el Congreso, el Ministerio Público y otras instancias competentes para que determinen responsabilidades administrativas, civiles y penales. “Esperamos que se tomen cartas en el asunto y que se transparente la actuación de los funcionarios involucrados”, concluyó Rojas.
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