Obras en penales paralizadas destapan sobrecostos millonarios en plena crisis de inseguridad
Obras detenidas en cárceles revelan corrupción en autoridades regionales.
La Comisión Especial de Control Concurrente del Congreso de la República reveló que al menos cuatro proyectos de infraestructura penitenciaria permanecen paralizados en el país, pese a que todos muestran incrementos millonarios en sus costos.
El hallazgo expuso un grave escenario en medio de la actual escalada criminal, que ya suma más de 1,200 asesinatos en lo que va del año y genera pérdidas económicas cercanas a 20 mil millones de soles.
El caso más grave corresponde al penal de Ica, cuya inversión inicial de S/ 269,7 millones se disparó a S/ 877 millones. La obra permanece abandonada desde el 2020 y presenta materiales deteriorados y estructuras corroídas por la falta de mantenimiento.
“El caso más alarmante es el del penal de Ica, cuya inversión pasó de S/ 269,7 millones a S/ 877 millones, obra paralizada desde el 2020. Encontramos en nuestra visita materiales deteriorados y estructuras corroídas por el abandono”, advirtió el congresista José Luna Gálvez, presidente de la comisión.
Las inspecciones también identificaron graves irregularidades en Chincha, donde las obras de ampliación subieron de S/ 53 millones a S/ 93 millones y continúan detenidas.
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El Complejo Penitenciario de Arequipa, paralizado desde 2021, refleja un sobrecosto superior a S/ 303 millones. En Cajamarca, el panorama es aún más crítico: tras nueve años de declaratoria de viabilidad, el penal apenas alcanza un avance físico del 27.1 %.
El titular de la Comisión denunció que la inacción y la corrupción afectan directamente la lucha contra la inseguridad ciudadana.
“La inacción y la corrupción se han convertido en trabas de la lucha contra la inseguridad ciudadana; los corruptos son cómplices de los sicarios y extorsionadores. Hemos advertido a los entes pertinentes para que tomen acciones y retomen estas inversiones”, señaló Luna Gálvez.
Los informes con presuntos indicios de delitos ya fueron remitidos al Ministerio Público, a la Comisión de Fiscalización y a la Contraloría para que se determinen responsabilidades civiles, administrativas y penales.
“¡Basta de impunidad! Los corruptos que sabotean la lucha contra el crimen deben ser castigados como los criminales que son”, concluyó el parlamentario.
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