Pataz: revelan que alrededor de 80,000 personas laboran en sector golpeado por asesinato de mineros
Ejecutivo dispuso un toque de queda por 30 días entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. en provincia.
El ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, comunicó que alrededor de 80.000 personas trabajan actualmente en más de 1,200 socavones mineros en la provincia de Pataz, región La Libertad, donde presuntas mafias vinculadas a la minería ilegal secuestraron y asesinaron a trece trabajadores de la empresa Poderosa.
Durante su presentación ante la Comisión de Defensa del Congreso, Díaz detalló que muchas de estas actividades mineras operan en condiciones informales o ilegales, y advirtió que el crimen organizado penetró profundamente en esa zona del norte peruano.
“Pataz tiene uno de los problemas más latentes en el Perú del crimen organizado”, alertó.
Como parte de la respuesta gubernamental, el Ejecutivo dispuso un toque de queda por 30 días entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m., así como la suspensión total de la actividad minera, sin importar su carácter formal, informal o ilegal.
“Las Fuerzas Armadas van a tomar el control de la provincia de Pataz y establecerán una base de datos para identificar a todos los trabajadores en los socavones”, sostuvo Díaz.
Según el titular del Mininter, el objetivo es diferenciar a quienes buscan formalizarse de aquellos que operan al margen de la ley y están vinculados a organizaciones criminales armadas.
El funcionario también manifestó que el Gobierno desplegó 400 agentes policiales y 100 militares adicionales a la zona, quienes intervinieron 20 socavones ilegales durante el mes de abril. Algunos de estos, aseguró, alcanzan una longitud de 3.000 metros.
“Los socavones otorgados en concesión a veces no superan un metro de ancho y son inaccesibles”, explicó, y agregó que los malhechores usan estos espacios para explotar oro sin control alguno, amenazando incluso al personal de seguridad.
En paralelo, la presidenta Dina Boluarte reafirmó la necesidad de actuar con firmeza frente a la minería ilegal.
Desde el Ejecutivo, anunció la solicitud de facultades legislativas para crear una ley de terrorismo urbano, que permita enfrentar esta situación de manera estructurada y legal.
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