Pena de muerte: ¿justicia extrema o cortina de humo? [ANÁLISIS]
Propuesta impulsada por Dina Boluarte tendría una finalidad más distractora que convincente.
Sin dejar de reconocer que el anuncio de reimplantar la pena de muerte en el Perú, propiciado por la actual mandataria, nuestra presidenta, la señora Dina Boluarte, tiene una finalidad más distractiva que convincente, la propuesta no deja de ser oportuna y pertinente para tratar de analizar a fondo los efectos e implicancias que una sanción de esta naturaleza puede encerrar frente a nuestra propia realidad.
Lo menciono en términos categóricos porque es frecuente que, cada cierto tiempo, sobre todo, dependiendo de la coyuntura política y como parte de una retórica ambivalente, difusa y repetitiva proveniente de quienes nos gobiernan, vuelva a adquirir vigencia y relevancia un largo e interminable debate relacionado con la interrogante de si es viable y conveniente reimplantar otra vez la pena de muerte en nuestro medio.
Disuasión
Está demostrado hasta el cansancio —sobre todo, en los planos científicos vinculados con la psicología— que la pena de muerte en sí misma, como tal, no disuade ni intimida a los infractores o delincuentes comunes, y menos a los más avezados. No funciona en la mente de un infractor como sí puede operar en un ciudadano normal un análisis psicológico previo o anticipado respecto a las implicancias futuras que puede acarrear la realización de un delito, por más grave que este sea.
No existe un cálculo valorativo ni, menos, cuantitativo vinculado con la gravedad de la sanción que se le va a imponer, en tanto que las razones que imperan en la mente del transgresor son aquellas en las que lo que menos importa son los efectos de haber violentado la ley.
Son otras las razones, y de diferente naturaleza, las que pueden impulsar o motivar a un individuo a transgredir la ley, con mayor razón cuando se trata de delitos de contenido sexual, tanto en agravio de menores como de mujeres, en los que los impulsos y las patologías relacionadas con las conductas y el comportamiento superan cualquier atisbo de ecuanimidad y racionalidad.
Esto, a diferencia de lo que sucede con los delitos de corrupción y el lavado de activos, en los que siempre media como antesala alguna fórmula de maquinación y conspiración. En estos últimos casos, se procede y se actúa con plena conciencia de lo que se está realizando. Hablamos de cálculos y estrategias en términos de ganancias, beneficios, ocultamiento y la forma o manera adecuada de enfrentar la justicia para quedar librados de responsabilidades, incluso desarrollando mecanismos legales sofisticados con asesoría para poner en buen recaudo los dineros mal habidos.
Medida política
La pena de muerte encierra un alto contenido político, sobre todo, en sociedades donde las diferencias sociales y económicas son clamorosas y abismales. La pena de muerte pasa a convertirse en una fórmula política que se centra en la manera cómo se castiga a quienes violentaron las leyes y cometieron delitos graves. Es una fórmula de dominación y sometimiento a través del jus imperium, dependiendo del estatus del transgresor, del tipo de delito que se ha cometido y de los medios de defensa que disponga. Esto permite que un determinado transgresor de la ley se convierta en un sujeto indeseable y pase a ser un peligro social.
La recuperación, la rehabilitación y la reincorporación a la sociedad del individuo infractor dependerán más del estatus social del infractor que de su propia recuperación en sí misma, en tanto que primarán fórmulas legales más benignas y apacibles que poco o nada tienen relación con el propio castigo, tal como el común de las personas lo entiende. La pena de muerte pasa a convertirse en una medida supuestamente ejemplar, vinculada a la forma y manera en que se debe castigar a un delincuente, y termina siendo parte de un ideario político que mantiene absorta y abstraída a la población frente al castigo.
Manipulación de opinión pública
Tratándose la pena de muerte más de una medida política que disuasiva, se requiere exacerbar a la opinión pública, manipulando sus emociones naturales como parte de una estrategia de control y sumisión, aunque, a la vez, de desviación, para opacar otro tipo de problemas que son los realmente trascendentes. Es una estrategia de información y, al mismo tiempo, de desinformación que jugará de manera paralela en dos frentes: lo político y lo psicológico.
Busca, a través de los medios informativos y declarativos, mantener abstraída o absorta a la población —o, por lo menos, a una gran parte de ella—, suscitando todo tipo de noticias que solo mostrarán la parte más mórbida y escabrosa de los hechos sucedidos. Hablamos de encuestas masivas, entrevistas seleccionadas y todo tipo de controversias que nunca llegarán a conclusiones, en razón de que siempre se mantendrá en un estado de incertidumbre, indecisión y perplejidad a la población.
No interesará solucionar los problemas con la aplicación de la pena de muerte, sino perpetuar el problema en el tiempo y el espacio como parte de una realidad irresoluta que, cada cierto tiempo, dependerá de que se convierta en noticia, pues lo que menos interesa es solucionar los problemas que se abordan.
Justicia insegura
Está demostrado con estadísticas fiables que los márgenes de error respecto a personas sentenciadas y condenadas a muerte, y que han sido ejecutadas, son alarmantes. Un solo condenado con errores ya es más que suficiente. Me refiero a sistemas de justicia confiables, en los que priman los derechos ciudadanos y que son respetuosos del estado de derecho.
Si deficiencias de esta índole acontecen en sistemas de justicia que son medianamente confiables, ¿qué puede acontecer en sociedades donde los índices de desaprobación de la justicia son alarmantes? No solo la comunidad desconfía de la justicia, sino que la considera insegura y politizada, en donde el castigo se gradúa dependiendo de quién se trata, del poder imperante, del estatus social del procesado y de la capacidad real de influir en las decisiones judiciales. Hablamos de sociedades donde existe una justicia paralela, por no referirme a una doble: la judicial y la mediática.
Política penal caótica
No es que esté justificando o cuestionando la incorporación de la pena de muerte en nuestro medio, soslayando las graves y agudas limitaciones u objeciones que se expresan respecto al tema de la inseguridad, sino cómo una medida o propuesta de esta naturaleza acapara todo el debate político y la atención de la población, cuando todas las semanas se modifican y reformulan, sin mayores criterios y miramientos, las leyes en nuestro país.
Se trata del caos legislativo en el que imperan los intereses de los partidos políticos de quienes legislan y gobiernan, menospreciando los derechos de quienes los eligieron. Si se propone debatir la reincorporación de la pena de muerte, antes que nada, se necesita una estrategia mínima, urgente e inaplazable contra el crimen, para abordar el fenómeno del delito y las sanciones en sus fases preventiva, operativa, judicial, legislativa y, por ende, punitiva. Obviar esta necesidad no solo es irresponsable, sino que, por el contrario, es parte del mismo juego de mantener absorta a la población para que permanezca distraída frente a los agudos problemas que enfrenta día a día.
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