Perú publica reglamento de Ley APCI y ahora sí podrá exigir a las ONG transparentar cooperación: uso de fondos debe responder al interés público
Norma establece registros obligatorios y herramientas digitales de seguimiento en tiempo real para garantizar eficiencia.
El Gobierno del Perú consolidó un nuevo paso en la gestión de recursos al aprobar el Reglamento de la Ley N.° 27692, normativa base de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
Con la publicación del Decreto Supremo 032-2025-RE, el Ejecutivo busca agilizar procedimientos, asegurar el uso correcto de los recursos y reforzar la rendición de cuentas de las entidades que administran cooperación técnica internacional.
La presidenta Dina Boluarte y el canciller Elmer Schialer refrendaron la norma, que responde a los lineamientos de modernización del Estado y que fortalece el rol de la APCI como ente rector de la cooperación internacional.
Desde el 15 de abril de 2025, la Ley 32301 modificó la Ley de Creación de la APCI, incorporando nuevas disposiciones para garantizar que los fondos y donaciones provenientes del exterior se destinen al interés público y a las prioridades de desarrollo nacional.
El reglamento asigna a la APCI la responsabilidad de planificar, coordinar, registrar, dar seguimiento y fiscalizar los recursos de cooperación técnica internacional.
Con ello, las autoridades aseguran que la cooperación se alinee con la política exterior del Estado y con los sectores más vulnerables del país. Entre sus facultades destaca la posibilidad de inspeccionar proyectos, entrevistar a beneficiarios y elaborar informes que detecten posibles irregularidades.
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Las entidades públicas y privadas que gestionan cooperación internacional deberán inscribirse obligatoriamente en registros administrados por la APCI.
Entre ellos se encuentran el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), el Registro Nacional de Entidades Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional (ENIEX) y el Registro de Instituciones Privadas sin fines de lucro receptoras de donaciones (IPREDA).
Estos padrones, de carácter público e informativo, permitirán trazar con precisión el origen, destino y ejecución de los fondos, así como aplicar sanciones cuando corresponda.
La norma también crea un sistema digital de información accesible en tiempo real, que ofrecerá datos sobre proyectos, contratos, fuentes cooperantes y sanciones aplicadas.
Este mecanismo, según la Cancillería, fortalecerá la confianza ciudadana en el manejo de los recursos. Además, refuerza la coordinación interinstitucional con organismos como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para prevenir el uso indebido de la cooperación internacional.
Con esta reforma, el Ejecutivo no solo busca garantizar mayor transparencia, sino también consolidar la proyección internacional del país. La APCI asume así un rol estratégico al promover la oferta peruana de cooperación técnica hacia otros países, fomentando el intercambio de conocimientos y capacidades en un escenario global cada vez más interconectado.
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