PNP con más poder en investigaciones penales: el nuevo decreto que busca poner fin a la liberación de delicuentes
Presidenta Dina Boluarte aseguró que esta resolución mejorará el trabajo conjunto de la PNP, la Fiscalía y el Poder Judicial.
La presidenta Dina Boluarte dirigió la presentación del Decreto Legislativo 1605, promulgado esta semana. Desde las instalaciones de Dirincri, ubicado en Cercado de Lima, la jefa de Estado destacó la importancia de esta resolución debido a que fortalece el trabajo de coordinación entre la Policía Nacional del Perú (PNP), la Fiscalía y el Poder Judicial.
"Después de 19 años, la Policía recupera las facultades plenas de investigar los delitos en la etapa preliminar y lo hace sin afectar un ápice las atribuciones del Ministerio Público, reconocidas en nuestra Constitución", señaló.
El objetivo es acabar con la liberación de delicuentes capturados. En este nuevo marco legal, la PNP ejecutará investigaciones urgentes o inaplazables. Estas formarán parte de las diligencias preliminares que seguirán a cargo del Ministerio Público.
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"Ponemos fin a la liberación de delincuentes capturados ¡A esos criminales que aún andan sueltos por las calles, les decimos que esto se acabó! (...) Hemos sido testigos de la celebración de estos criminales cuando algún juez les dictaba orden de comparecencia y salían en libertad para seguir con sus fechorías. ¡Eso se acabó!", expresó Boluarte.
Modificaciones y nuevas facultades para PNP
El Decreto Legislativo 1605 presenta modificicaciones en los artículos 24, 60, 65, 67, 68 y 173 del Código Procesal Penal. La PNP podrá aislar, proteger y vigilar el lugar de los hechos a fin de que no se sustraigan, alteren y contaminen los indicios o evidencias del delito. También podrán realizar entrevistas e identificar posibles testigos que hayan presenciado la comisión de delitos, entre otras funciones.
Asimismo, si el fiscal no puede aproximarse de forma inmediata al operativo, la Policía podrá ejecutar la operación sin su presencia cuando se esté en riesgo la vida, la integridad o la libertad personal de la víctima.
Además, el fiscal decidirá la estrategia de investigación, adecuada para el caso, para lo cual programa y coordina con la Policía Nacional, que está a cargo de la estrategia operativa.
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