Revelan irregularidades en fiscalizadores de ONG: un destituido por falsedad y otro viene del Partido Socialista
Canciller Elmer Schialer deberá informar cómo designó en puestos claves a cuestionados personajes.
La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), encargada de administrar y fiscalizar los fondos económicos provenientes de la Cooperación Técnica Internacional (CTI), mantiene en sus filas a algunos funcionarios con serios cuestionamientos debido a sus vinculaciones con hechos referidos a falsificación de documentos y afiliación a determinadas organizaciones políticas.
Uno de estos funcionarios cuestionados es Miguel Ángel Sarapura Figueroa, quien trabaja en la APCI como fiscalizador, percibiendo un sueldo mensual de 25,500 soles por supervisar las donaciones extranjeras y asegurar el cumplimiento estricto de la ley.
Personal de confianza
Sin embargo, Sarapura tiene un antecedente grave que data del 7 de septiembre de 2017, cuando fue separado del Ministerio de Educación (Minedu) debido a que presentó un diploma de grado de bachiller falso durante un concurso público para una plaza de analista en aquel sector.
Otro de estos funcionarios que podría estar bajo la lupa es otro fiscalizador. Se trata de Sergio Alván Cabanillas, quien tuvo un pasado como militante del Partido Socialista, organización política con la cual postuló al Congreso por la región La Libertad en 2006.
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Si bien no tiene antecedentes vinculados a hechos irregulares o delictivos, su postura política podría poner en cuestionamiento su capacidad de imparcialidad al momento de supervisar los fondos de la cooperación internacional.
Schialer acudió el pasado viernes 3 de octubre a la Comisión de Relaciones Exteriores para informar sobre el proceso de reglamentación de la Ley 32301, que modifica la Ley 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional.
Solicitará informe
Durante su intervención, miembros del grupo de trabajo parlamentario cuestionaron al ministro por los funcionarios que fueron contratados en la APCI pese a las irregularidades antes expuestas. Al respecto, el canciller se comprometió a solicitar un informe detallado sobre la evaluación del personal contratado en la agencia.
Desde el Poder Legislativo se espera que el ministro de Relaciones Exteriores informe en estos días sobre la situación y medidas adoptadas respecto a los funcionarios contratados por la APCI y que estarían vinculados a irregularidades que podrían afectar la transparencia de sus labores.
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