Rutas de Lima juega en papel de víctima y denuncia “campaña de demolición” tras suspensión del peaje en Conchán
Abogado de concesionaria cuestionó duramente accionar de autoridades municipales.
Rutas de Lima denunció públicamente una estrategia de hostilidad por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), luego de que el Poder Judicial ordenara la suspensión del cobro de peaje en la garita de Conchán, ubicada en el distrito de Lurín. La firma atribuyó esta decisión a una ofensiva deliberada para debilitar su operación.
El director legal de la concesionaria, Ives Becerra, acusó a la comuna capitalina de liderar lo que calificó como una “campaña de demolición” en contra de la empresa que gestiona tres tramos viales estratégicos en Lima.
Durante su participación en un programa local, el abogado cuestionó duramente el accionar de las autoridades municipales.
“Nos encontramos ante una campaña de hostilidad sin precedentes, una campaña de demolición realmente contra una empresa privada que opera y mantiene tres tramos en su concesión”, sostuvo Becerra.
En ese sentido, criticó lo que describió como una “estrategia pública, publicitada por la Municipalidad de Lima y otras entidades del Estado”, cuyo objetivo, según afirmó, consiste en “despojar de los ingresos a Rutas de Lima, ahogando para que simplemente colapse”.
La reciente suspensión del peaje en Conchán reactivó un conflicto que ya acumula años de tensión. Becerra recordó que la empresa enfrentó dos procesos de arbitraje internacional frente a la municipalidad limeña, en los que la comuna intentó anular el contrato de concesión bajo acusaciones de corrupción. No obstante, ambos tribunales fallaron a favor de Rutas de Lima, ratificando la validez del acuerdo.
“El contrato fue confirmado por tribunales independientes. Como resultado, se provocó una deuda de 200 millones de dólares a favor de Rutas de Lima”, explicó.
Además, denunció que la Municipalidad de Lima buscó anular dicha deuda mediante una acción judicial en cortes federales de Estados Unidos, pero las autoridades norteamericanas confirmaron la vigencia de los laudos arbitrales y la obligación de pago.
Becerra también subrayó que el contrato establece que el arbitraje internacional constituye el único mecanismo válido para resolver controversias entre las partes, por lo que calificó como un incumplimiento cualquier intento por parte de la municipalidad de resolver el conflicto por otras vías.
