Alejandro Tudela Chopitea

A punto de seguir con disquisiciones –o, tal vez, divagaciones- sobre el complejo resultado de las últimas elecciones legislativas, la portada de EXPRESO denunciando que el “Gobierno usa a la Fiscalía, PJ y Policía” para intimidar al diario y “que no podrán callarnos”, obliga a cambiar los renglones por más de un motivo.

Eso tendremos a la luz de los resultados que arroja el conteo rápido extraoficial de los comicios legislativos celebrados el domingo.

En pocos días se celebrarán las elecciones legislativas llamadas extraordinarias o complementarias.

Dejamos los tips electorales para la semana siguiente vísperas de unos comicios legislativos inéditos -por decir algo-, para pergeñar algunos renglones sobre la juramentación de los miembros de la flamante Junta Nacional de Justicia (JNJ), máximo órgano con autonomía constitucional a cargo de la selección, ratificación y destitución de jueces y fiscales en el país.

Se cerró el plazo y han quedado fuera de carrera más de 400 candidatos a nivel nacional que se presentaban a las elecciones para el nuevo Congreso a celebrarse el 26 de este mes.

Es posible que el affaire verbal protagonizado por la ministra de Justicia no justifique más renglones -máxime por la difícil coyuntura que transita el país-, pero ha sido tal la colección de torpezas en que ha caído el Ejecutivo para minimizar el incidente que no podemos contenernos.

El tema es controversial. El Gobierno ha expedido varios DU para distintos asuntos provocando las críticas de no pocos analistas et alia que sostienen que estas normas con fuerza de ley únicamente son válidas para materias económicas y financieras cuando así lo requiera extraordinariamente el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso (ahora, Comisión Permanente).

Más de uno nos ha llamado la atención sobre lo iluso y hasta peligroso de la propuesta de no votar en las elecciones legislativas del próximo mes por un partido que lleve en su lista a candidatos con prontuario penal -así esté rehabilitado- o procesados. El argumento sería que ello descalifica éticamente al postulante cuestionado y no a los demás.

El Presidente de la República ha declarado sobre el affaire del Hospital de Moquegua correspondiente a su otrora gestión como gobernador de esa región y que vuelve a salpicar, que este ha sido investigado y archivado por la Fiscalía dos veces pero que está “totalmente abierto para que se realice” la pesquisa.

El TC y el Poder Judicial (PJ) han hablado a través de sendas Resoluciones y, ciertamente, dan mucho que hablar. La Sentencia del TC, expedida por exigua mayoría de sus miembros, decidió la excarcelación de Keiko Fujimori (KF), quien cumplía más de un año de prisión preventiva.

Una frase de cajón: “El Perú no es EE.UU. donde las contribuciones para las campañas electorales se hacen a través de PACs o Comités legales que apoyan a los partidos e, incluso, un ciudadano de a pie puede donar señalándolo en su declaración anual de impuesto a la renta.

Hace unas semanas llamamos la atención sobre unas declaraciones del Presidente de la República y del jefe de Gabinete que se inmiscuían en lo que es competencia exclusiva del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La cosa no quedó allí y se sumó al cargamontón con más altisonancia la controvertida ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Pergeñamos estos renglones porque alguien en una conversa defendió el “derecho” de Donayre a no ser desaforado cuando inicialmente se pidió el levantamiento de su inmunidad parlamentaria basado en lo que acaba de ocurrir en Brasil con la liberación del expresidente Lula.

En plena presentación del “Plan de Gobierno” –ya habrá tiempo para analizar y juzgar su ejecución-, el jefe de Estado soltó que no viajaría al extranjero porque “no hay quién lo reemplace en el Despacho Presidencial”.

Seguimos creyendo que lo ocurrido a partir de la disolución constitucional del Congreso manteniendo el funcionamiento de su Comisión Permanente es el menor de los males frente a la perniciosa confrontación de poderes que vivía el país.

Hace tiempo leímos esto sobre el TC español: “Después de todo, ni Jesús, ni los señores (del TC) pertenecen a este mundo. El primero, por razones obvias; los segundos, porque son eternos (…). El Tribunal no mueve una pestaña porque su reino no es de este mundo. El cómputo del tiempo de estos señores no tiene nada que ver con el nuestro (…)”

Cuando aún no cierra las heridas y el duelo por el terrible Baguazo del 2009 –ni tampoco el proceso penal por ello, aparece otro Baguazo, esta vez incruento aunque también indignante.

No vamos a quedarnos en la retórica discusión de si la decisión del Presidente de la República de disolver el Congreso y convocar a elecciones legislativas complementarias es un golpe de Estado y si la suspensión en el ejercicio del cargo presidencial acordada en respuesta por el Parlamento disuelto tiene algún recorrido.