César Gutierrez Peña

Hasta el momento todo indica que Dina Boluarte sobrevivirá en la Presidencia de la República por el blindaje que le brindarán diversas bancadas en el Congreso, literalmente estará a cargo de un gobierno zombi.

Días de pánico ha vivido el gobierno la semana pasada, entre deméritos propios y situaciones heredadas, todo ha apuntado en contra y la respuesta del Premier ha sido mostrarse quejoso porque no los dejan trabajar por la recuperación económica.

La gestión de las empresas del sector electricidad no solo se miden por las cifras de los estados financieros, sino también por la calidad del servicio que prestan, que resulta muy visible en las distribuidoras por redes, que son las que interactúan con el consumidor.

Desde el pasado 14 de noviembre se encuentra en el Congreso, la autógrafa de la “ley de masificación del gas natural (GN)” que fue devuelta por Dina Boluarte, siguiendo los pasos de su antecesor y excompañero de ruta Pedro Castillo, que hizo lo mismo en julio de 2022.

Esta semana será muy movida en el Ejecutivo, la disputa por cuotas de poder al interior ha puesto al Premier Alberto Otárola en una situación muy delicada. Los audios difundidos en el programa Panorama tienen doble costo para él, en la exposición pública de un comportamiento personal cuestionable y una presunta contraprestación con cargo al tesoro público, de connotaciones penales.

Han transcurrido siete años desde que se dio la caducidad de la concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP), y el discurso de los diversos ministros que han pasado por la cartera de Energía y Minas (MINEM) ha sido de retomar la construcción.

Es innegable que el desarrollo de los proyectos mineros son necesarios para el crecimiento, para ponerlos en marcha requiere trabajarlos con estrategia y firmeza desde el gobierno.

Existía gran expectativa del reinicio de actividades en el Congreso de la República para llevar al debate una serie de temas relacionados con la economía, donde hay una recargada agenda.

Es perentorio poner al debate público la direccionalidad del gobierno en relación con el suministro del gas natural (GN), tal como se viene manejando genera suspicacias, más aún, cuando tanto los ministerios de Energía y Minas (MINEM) y de Economía y Finanzas (MEF), son pésimos referentes en la gestión del sector energía. Los casos de Petroperú y Perupetro son elocuentes ejemplos.

La constante en la gestión gubernamental ha sido la incompetencia que ha devenido en una contracción en la economía del orden del 0.5% en el 2023, que es lo más visible, sin embargo, hay ciertos temas especializados donde el Ejecutivo toma decisiones sesgadas, que dejan la duda si es solo por desconocimiento.

La agenda de temas pendientes del sector energía y minas es extensa, ir solucionándolos es la vía para atraer la inversión privada que le está siendo esquiva al gobierno por la desconfianza en su manejo; sin embargo, llevamos desde agosto pasado centrados en las solicitudes de apoyo billonarios de Petroperú (PP), sin que aún haya una decisión firme.

Con una gran irresponsabilidad y falacias desde el Ejecutivo se está intentando consumar un apoyo a Petroperu (PP) por 2,550 millones de dólares (MMUS$), entre capitalización de deuda, aumento de capital y garantías para endeudamiento.

La semana pasada culminó con turbulencias entre Palacio de Gobierno y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), donde el titular Alex Contreras (AC), demostró que le ha tomado apego al cargo.

Hay que ser exigentes e intransigentes en el manejo de las grandes cifras de la macroeconomía, pues cuando éstas se salen de control el retorno es dificilísimo, lo vivimos en 1990 y la experiencia fue ingrata.

En el Ejecutivo y el Legislativo se han olvidado de que el interés nacional debe primar, gobiernan para los intereses de grupo en todos los terrenos. Siendo un tema tan amplio me voy a referir exclusivamente al sector energético, con lo que ya tenemos bastante.

El 2023 ha sido un año de pésima gestión gubernamental que se puede resumir en cuatro aspectos: malabarismo en el déficit fiscal, recesión, estatismo e inseguridad.

El mantra de la “masificación del gas natural” ha sido materia de dos procesos de adjudicación fallidos, y una propuesta legislativa del gobierno de Pedro Castillo en 2021, aprobada en el Congreso con variaciones en julio de 2022, devuelta al Congreso para rectificación.

Una de las primeras inquietudes que tienen los inversionistas que arriban recientemente al Perú, para explorar posibilidades de inversión que están en el rango de cientos a miles de millones de dólares, es la cantidad de demandas arbitrales que tiene nuestro país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), cuya sede principal está en Washington.