El Congreso promulgó la ley que precisa los alcances de la lesa humanidad, norma que restablece la legalidad y repara la injusticia cometida con militares y policías que derrotaron al terrorismo.
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Fernando Rospigliosi
Luego del inevitable fraude con el que la dictadura comunista venezolana pretende perpetuarse en el poder indefinidamente, han surgido opinantes que dicen “todas las dictaduras son iguales”.
La minería ilegal es, junto con el narcotráfico, una de las principales amenazas a la seguridad del país. Lo peor es que sigue creciendo cada día que pasa, sin que exista una política precisa para frenarla.
El viernes pasado, un abigarrado grupo de extremistas y sinvergüenzas —como el ex ministro Alejandro Salas, ahora representante del partido del Lagarto—, unidos en el propósito de generar violencia y caos para derrocar al gobierno, convocaron a un paro nacional que resultó en un completo fracaso.
El caviarizado sistema judicial no descansa un instante en el acoso a las fuerzas del orden.
La semana pasada se aprobó la ley que presentamos con José Cueto para precisar que el criterio de lesa humanidad solo está vigente a partir de su aprobación por el Congreso en 2002 y 2003. Es decir, no se puede aplicar retroactivamente.
Por fin un ministro del Interior está tomando medidas para investigar el desempeño de la Diviac, convertida en policía política al servicio de la mafia caviar. Esa unidad policial ha manejado un descomunal presupuesto de gastos en efectivo, 72 millones de soles, más que ninguna otra en la PNP.
Un día como hoy, hace 55 años, el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado promulgó la ley de reforma agraria (Decreto Ley 17716), una de las medidas más importantes del proyecto socialista de ese régimen. El resultado fue un fracaso total y absoluto.
La junta de fiscales supremos, capturada nuevamente por la mafia caviar, ha publicado comunicados pretendiendo no solamente limitar la capacidad del Congreso para legislar, sino haciendo llamados subversivos a la movilización popular contra un poder del Estado.
La ley aprobada en primera votación en el Congreso restaura la legalidad y repara una injusticia. Durante años, magistrados politizados y prevaricadores han utilizado ilegalmente la norma de lesa humanidad para perseguir, procesar y sentenciar a militares y policías que derrotaron al terrorismo e impidieron que el pueblo peruano fuera esclavizado por esas hordas criminales.
La semana pasada la Comisión de Justicia del Congreso aprobó por amplia mayoría (16 a 3) el dictamen del proyecto de ley que devuelve la investigación preliminar a la policía.
La fiscalía, y en general el sistema de justicia, se ha convertido en una madriguera controlada por los caviares que usan las instituciones para sus protervos fines políticos.
Con toda desfachatez, los comunistas y caviares que impusieron fraudulentamente a Pedro Castillo y Dina Boluarte en el Gobierno, ahora pretenden hundir al Perú en un caos mayor del que ya se vive, con el propósito de recuperar posiciones de poder de las que han sido desalojados y que siguen perdiendo.
El caso del policía Elvis Miranda es una muestra clara de por qué la delincuencia está avanzando imparable, aterrorizando a millones de peruanos. Él abatió en Piura a un delincuente que acababa de asaltar a un ciudadano.
La semana pasada el jefe de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, incidió, nuevamente, en un tema fundamental que explica, en parte, la ola delincuencial cada vez más violenta que está aterrorizando a los ciudadanos: la permisividad del sistema judicial que libera sistemáticamente a los delincuentes que la PNP captura luego de laboriosos procesos de investigación y de operativos que movilizan a
Es común escuchar a los analistas subrayar que los peruanos votan mal. La mayoría cree que es por la deficiente educación. Otros lo atribuyen a la anemia infantil, que afecta de manera irreversible el cerebro de los niños.
Los romanos inventaron un sistema político que, dos mil quinientos años después, es el que predomina en Occidente. Sus características básicas son.
1. Elección de los gobernantes. En Roma tenían un sistema complicado, en el que, en teoría, votaban todos con los mismos derechos. En la práctica, votaban los más acomodados y elegían a los más preparados.
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