Hugo Guerra

El triunfo de Milei prueba la posibilidad de derrotar al comunismo y la progresía de América Latina, porque la libertad avanza cuando las fuerzas del centro y la derecha se unen contra la casta.

A diferencia de los desastrosos viajes anteriores, el último periplo de Dina Boluarte a San Francisco ha sido un éxito notable, tanto porque el Perú ha recibido la presidencia pro tempore de APEC para el 2024, cuanto porque se ha visto por fin un replanteamiento muy positivo en el manejo de nuestras relaciones exteriores.

Hace poco más de un mes, el sábado 7 de octubre, los terroristas islámicos de Hamás lanzaron miles de cohetes contra poblaciones cviles israelíes, asesinaron a mansalva a unos 1,500 judíos, secuestraron alrededor de 300 personas y en actos de salvajismo indescriptible violaron, vejaron y torturaron a hombres, mujeres, ancianos y niños y hasta degollaron a bebés.

Los viajes de Dina Boluarte son un fracaso rotundo. Aparte de su obsesión por aprovecharse del avión oficial, la mayor responsabilidad recae en su Canciller, la inepta Ana Gervasi.

Suelo tomar las encuestas con pinzas, sin embargo cuando la tendencia estadística revela que el gobierno y el Parlamento son repudiados masivamente por el pueblo, resulta legítimo encender las luces de alarma.

El gobierno de Boluarte – Otárola es cada vez más mediocre y necesita un recambio urgente. Ejemplos de su ineficacia: la política exterior y el manejo económico.

Boluarte acaba de regresar de un viaje inútil por Alemania y el Vaticano y eso es reflejo de la pésima política de relaciones exteriores de este gobierno que sigue a la deriva.

El fallecimiento del Almirante Luis Giampietri Rojas me ha dejado devastado. El estaba ya preparado para el final físico y no tenía temor; pero su justa conversión en héroe resulta sobrecogedora, y es a tal condición a la cual hoy reitero mi lealtad ideológica y política.

Hace cuatro años, a fines de septiembre de 2019 Martín Vizcarra disolvió inconstitucionalmente el Congreso de la República apelando a una falaz “denegación fáctica” de facultades, en lo que constituyó un golpe de estado que todavía no ha sido sancionado penalmente; pero el país no olvida los crímenes del infame sujeto auto reconocido como un asqueroso lagarto.

Sacar a la tropa militar en tres distritos declarados en emergencia solo ha servido para poner en evidencia que no existe ningún plan para contener la ola de violencia.

La izquierda ha lanzado su guerra del fin del mundo contra la institucionalidad democrática en el Perú.

Su pretexto es la investigación parlamentaria sobre la corrupta Junta Nacional de Justicia y su objetivo es impedir que las fuerzas anticomunistas desarticulen las mafias del JNE, la ONPE y el RENIEC.

El principal problema del Perú no es político ni ideológico, sino la seguridad y defensa nacional. Por tanto estamos obligados a tomar decisiones de gobierno que defiendan nuestra soberanía e independencia nacional.

Boluarte se lanza contra la CIDH por admitir la nueva demanda de Víctor Polay, y Otárola dice que el Perú no pagará ninguna reparación al emerretista.

Pero ambos coinciden en la falacia de que nuestro país no saldrá del sistema interamericano porque es “respetuoso de los tratados”.

Mucho me temo que el debate sobre si debe aplicarse, o no, el plan Bukele en el Perú va a terminar con la maldición republicana: que en apariencia todo cambie para que todo siga igual.

El debate resulta estéril respecto en torno a la recesión: el gobierno y el BCR lo niegan, pero los empresarios y el pueblo están siendo duramente golpeados por una crisis frente a la cual solo cabe reaccionar con rapidez y unidad nacional.

Siempre advierto a mis lectores contra la política de oportunismo porque postulo políticas de principios, por eso creo justo insistir en el respaldo a Rafael López Aliaga, alcalde de Lima Metropolitana.

Es hora de actuar solidariamente con los doce millones de habitantes de Lima y su representante legítimo, Rafael López Aliaga. En el caso de los peajes el Estado, los empresarios, los juristas y la prensa debemos exigir que se haga justicia sin enredarnos en un necio debate legalista.

El larguísimo mensaje de Boluarte ha tenido la virtud de devolvernos a la rutina republicana del reencuentro pacífico y alturado del jefe de Estado con el Parlamento; pero la interminable lista de promesas desfinanciadas nos recuerda que por regla general la entrada del infierno está empedrada de buenas intenciones.