Mariella Balbi

Siempre es bueno mirar atrás. El golpe de Estado perpetrado por Martín Vizcarra ocurrió, entre otras razones, porque el Congreso iba a renovar a los integrantes del Tribunal Constitucional cuyo mandato había prescrito hacía tiempo. Posteriormente, esa misma institución ‘santificó’ el golpe. Su resolución indicaba que por esta única vez procedía el cierre del Parlamento.

Al leer cualquier periódico, incluso los afectos al régimen, es fácil pensar que estamos en una de las más escabrosas series policiales de Netflix donde los delincuentes, los ‘capos’ son políticos o personas relacionadas con el poder.

La fuga y renuncia de Alberto Fujimori provocaron la vacancia por “incapacidad moral permanente”. Valentín Paniagua fue nombrado presidente del Congreso en reemplazo de Martha Hildebrandt (fujimorista). Así, Paniagua asumió la presidencia del Perú. Un proceso mucho más complejo y difícil que el escenario de hoy.

Los audios conocidos sobre Martín Vizcarra donde este elabora una estrategia para mentirle a la Fiscalía y las conversaciones de su exasistente Karem Roca con el abogado Fabio Noriega, detallando las inconductas de Vizcarra, abrieron una caja de Pandora inmanejable para el mandatario. Tanto que evade las preguntas de la prensa afín, ahora curiosa, antes silente.

Martín Vizcarra repite machaconamente que el caso Swing (Richard Cisneros) es desproporcionado y sobredimensionado, ofendiendo la inteligencia de los peruanos. Arguye que el pago de S/175,000 a Swing es una cifra de menor cuantía. Ha creado un tarifario a la medida de su laxa moral, soslayando que obligó al Ministerio de Cultura a actuar ilegalmente, irrespetando las normas.

Cuando aparecieron los audios de Los Cuellos Blancos se escuchó a Antonio Camayo, “Toñito”, mencionar la celebración del cumpleaños y la asunción al mando de Martín Vizcarra. También su gusto por el ron Zacapa. Camayo terminó con prisión preventiva, dicen que está anímicamente quebrado. Lo cierto es que lo silenciaron.

Se usa la expresión doble rasero cuando se juzga de manera distinta una misma situación. Es el equivalente a ser parcializado y por ende injusto. El gobierno de Martín Vizcarra instaló la política de: para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. La palabra abuso dibuja bien esta doble moral que se ha enquistado en el Perú.

La difusión de audios vergonzosos que comprometen seriamente a Martín Vizcarra no activará la vacancia presidencial. Pero es un gran triunfo del sector democrático. Después de dos años y medio de atropellos, trapacerías y control férreo de los medios e instituciones por el Ejecutivo, los peruanos de bien levantan cabeza.

Aunque debería, Martín Vizcarra declaró que no renunciará a la presidencia por los audios propalados en el Congreso que demuestran un turbio ‘modus operandi’, siendo su norte la mentira y la traición. Los delitos que implican los audios son varios y nos introducen brutalmente a la vacancia presidencial.

Con enorme descaro el Ministerio Público ignora la información publicada por este diario sobre la periodista Paola Ugaz, ex trabajadora de la Municipalidad de Lima en la época de Susana Villarán. Un viejo periodista francés me enseñó que “los hechos son sagrados, las opiniones son bienvenidas”.

Probablemente los 13 jóvenes que murieron asfixiados en la discoteca de Los Olivos (Lima) tenían parientes infectados o muertos por el coronavirus, al igual que los asistentes a tan aciago evento. De hecho, 11 de los fallecidos estaban contagiados y de los 26 detenidos, 15 son positivos.

Al inicio de la cuarentena en el Perú, conversamos con un destacado galeno sobre la negativa del gobierno de utilizar pruebas moleculares (PCR), sabiendo que son las únicas que detectan el coronavirus con certeza. La tajante y obtusa negativa resultaba –resulta aún– algo incomprensible.

En su última intervención, sin preguntas de la prensa, Vizcarra tuvo los riñones de decirle a la afligida población peruana: “Ya basta de irresponsabilidades”, endilgándole el dramático incremento del COVID-19 a la imprudencia ciudadana.

Durante su estadía en el poder, Vizcarra usa el pernicioso recurso de tirar barro con ventilador contra el Congreso. Con los medios amigos del régimen, involucrados como el mandatario en la corrupción del caso Lava Jato, fraguó el psicosocial de un Congreso obstruccionista, atacando básicamente al Apra y al fujimorismo.

Hasta que por fin la ministra de Salud dio las cifras reales del Covid-19: 43,000 muertos y 5,000 contagios diarios. Aterrador. Sea por tener un pariente enfermo o porque la realidad no se puede ocultar, la mayoría de peruanos sabía que las cifras del gobierno eran mentirosas.

“¡Que vaya a la carpa, que vaya a la carpa! ¡Por qué es malo (Vizcarra) e inhumano!. El grito desesperado de Celia Capire increpándole a Martín Vizcarra por la desatención a los enfermos de Covid-19 en Arequipa fue como un balazo en la conciencia del gobernante. Su esposo murió en la carpa al día siguiente.

La JNJ suspendió en sus funciones al fiscal supremo Tomás Gálvez por una “presunta” participación en “Los Cuellos Blancos”. Argumento ilícito y abusivo como lo fue la justicia estalinista con los Procesos de Moscú. El fiscal Gonzalo Chávarry ya se presentó ante tan arbitrario tribunal. Ha sufrido una artera campaña de linchamiento mediático.

La actitud retadora de Martín Vizcarra con el Congreso, amenazando al primer poder del Estado con un referéndum si no reformaba el artículo sobre la inmunidad parlamentaria al gusto del gobernante de facto, causó gran revuelo y enfrentamiento político.