Mariella Balbi

La evaluación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre el coronavirus en el Perú es contundente. Revela que el gobierno miente respecto a la evolución de la pandemia. Informa que el pico de la enfermedad será en agosto, que nuestra tasa de letalidad es superior al 3% y que en octubre los muertos llegarían a 48 mil.

El larguísimo discurso de Vizcarra por los 100 días de cuarentena buscó desviar la atención de su pésima gestión atacando duramente a las clínicas locales. Amenazó con expropiarlas. Discurso chavista o populista, juzgue usted.

En enero del 2019, Martín Vizcarra dijo que entregarían 80 hospitales. Obvio que mentía y descaradamente. Un mandatario, por más mediocre que sea, sabe lo que ocurrirá. Igual, cuando repite engañosamente –junto con el ministro de Salud– que las pruebas rápidas y las moleculares detectan el coronavirus, falta a la verdad, sabiéndolo.

El gobierno de Vizcarra se presentó, falazmente, como el paladín de la lucha contra la corrupción. Pero el hurto de poca o mucha monta campea y fuerte. Está en la compra de pruebas moleculares con sobreprecio, mascarillas y respiradores que no llegan. Ciertamente la compra del avión para la Policía, US$ 65 millones, es lo más ominoso. Ucrania no puede entregarlo.

La carencia de oxígeno para los enfermos de coronavirus y el costo exorbitante de los balones es aberrante e inaceptable. Desnuda al régimen, mostrando su real rostro: ineptitud, insensibilidad, obsesión por la politiquería electoral y la maniobra psicosocial. Hasta el más burro antelaría que la pandemia requeriría de este suministro. Se supone que Vizcarra cuenta con un equipo de galenos.

El Ejecutivo ha demostrado que solo se escucha a sí mismo. Quien critica y propone con acierto ingresa al bando de los enemigos.

Vizcarra y algunos de sus ministros pidieron disculpas, siempre mediatizadas. Las excusas auténticas llevan a enmendar los errores y cambiar de rumbo. Nada de ello ocurre.

¡Se extiende la cuarentena, 38 días! Nuestra curva está en el pico más alto y continuará así más de 15 días. El régimen de Martín Vizcarra enfrenta dos pandemias: la viral y la económica. En ambas las decisiones son tan inadecuadas como inútiles.

El COVID-19 asola al mundo y nos deja inermes frente a la muerte. Son más los gobiernos que cometen yerros al enfrentar la pandemia, menos los que tienen aciertos. Las medidas para combatirlo son conocidas: distanciamiento social, lavado de manos, mascarilla y toma masiva de pruebas moleculares (PM) para cercar al Coronavirus. Solo así podrá reactivarse la economía.

Hasta que Farid Matuk, integrante del Comando de Operaciones COVID-19 (vaya nombre pomposo y militar), atinó a reconocer que se equivocó imponiéndonos días femeninos y masculinos para comprar. El funcionario afirmó algo desopilante: “la lucha contra el patriarcado se debió postergar para después de la pandemia”. Seguramente lanzó esta ilusa e ignorante propuesta con buena fe.

Ernesto Bustamante tiene un currículo envidiable: PhD en la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y exdirector del Instituto Nacional de Salud. No es un advenedizo, sino un hombre de ciencia. Convenientemente, alertó sobre la compra de 1 millón 200 mil pruebas serológicas a China para el coronavirus.

El coronavirus cambió la historia del planeta. Siglos atrás hubo plagas mortíferas, pero lo que vivimos hoy es inédito y en tiempo real, desde la China hasta la Cochinchina. Todos estamos en lo mismo. La ciencia médica, que en los últimos sesenta años ha tenido un desarrollo exponencial, no conjura el COVID-19.

El COVID-19 cayó como anillo al dedo para embrollar más el caso Lava Jato. Naturalmente, esta pandemia aterra a los peruanos y al mundo entero. Sin embargo, la última encuesta de Datum indica que el 40% considera que el malhadado acuerdo con Odebrecht “no está dando frutos” y el 75% rechaza que la empresa brasileña siga trabajando en el Perú. Esa fue una fina cortesía del gobierno de PPK.

La adicción del mandatario Martín Vizcarra por el psicosocial es ya es una leyenda viviente. El diseño es conocido: declaraciones presentándose como el abanderado de la lucha anticorrupción, medios que lo sostienen aplaudiendo como focas, levantándolo, y encuestas que le dan guarismos estroboscópicos.

El presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Aldo Vásquez, se ha prodigado por todos los medios de comunicación. Presenta a su institución, reemplazante del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), como absolutamente objetiva. Pero Vásquez -quien sacó la puntuación más alta en el proceso de selección de la JNJ– no es del todo imparcial.

Si viviéramos en una situación medianamente normal la afirmación de Martín Vizcarra: “yo no soy jefe de Estado”, hubiera causado un revuelo nacional. Demuestra ignorancia de la Constitución, además de irrespeto y desprecio por la democracia. Para colmo, el ministro del Interior Carlos Morán pide disculpas por la negligencia policial, en nombre del Estado, a los padres de una joven asesinada.

La demanda de Odebrecht contra el Estado peruano en el Ciadi por US$ 1,200 millones provocó una gran crisis en el gobierno ‘de facto’ de Martín Vizcarra. La empresa brasileña lo puso en jaque y está cercano al jaque mate.

La chillona protesta del fiscal Pérez, disque anticorrupción, no desviará nuestra atención, menos la indignación, frente a la demanda interpuesta por Odebrecht contra el Estado peruano por $1200 millones por el Gasoducto del sur. Pérez quiere que la Fiscal de la Nación defienda a su cónyuge porque hubo un alboroto en su centro de trabajo.

En medio del calor, la falta de trabajo y el languidecimiento de la economía, la mayoría de peruanos no ha prestado atención a la barbaridad que significa el reciente fallo del Tribunal Constitucional que convalida el golpe de Estado, maltratando las leyes.