Congreso se defiende ante posible cierre
Ejecutivo tendría prevista la negativa de la confianza al gabinete Chávez, a quien reemplazaría con otro personaje mucho más cuestionado para forzar disolución del Parlamento.
Por María Teresa García
Cansados de las amenazas de cierre del Congreso de la República de parte del Ejecutivo, el parlamentario no agrupado Edward Málaga presentó la tercera moción de vacancia con 67 votos en búsqueda de que los congresistas afines al Gobierno voten a favor de la salida del presidente Pedro Castillo ante un inminente cierre del Congreso.
Paralelamente se presentará la moción de suspensión presidencial por doce meses y se continuará con las denuncias constitucionales contra Castillo.
Asimismo, se presentarán acusaciones por infracción constitucional como la presentada por la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País), contra el Presidente, el ex primer ministro Aníbal Torres, y contra el resto del gabinete que firmó el acta de la moción de confianza presentada al Legislativo por supuestas infracciones a la Carta Magna.
Además, representantes de las bancadas de oposición y algunos integrantes de izquierda preparan el escenario futuro de posibles elecciones.
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TERCERA MOCIÓN DE VACANCIA
El documento de 102 páginas promovido por Málaga, cuenta con 67 firmas de las bancadas de Renovación Popular, Avanza País, Fuerza Popular y Acción Popular.
Entre las rúbricas de los acciopopulistas está la de Jorge Luis Flores, Luis Aragón, Ilich López y Marleny Portero.
«El Congreso de la República acuerda: declárese la permanente incapacidad moral del presidente de la República José Pedro Castillo Terrones, de acuerdo a lo previsto por el artículo 113 de la Constitución. Declárese la vacancia de la Presidencia de la República y en consecuencia la aplicación del artículo 115 de la Constitución que regula la sucesión presidencial», señala el documento.
La argumentación está dividida en tres partes: la primera se refiere al copamiento y desmantelamiento del aparato estatal a través de la designación de altos funcionarios con graves cuestionamientos, favoreciendo los intereses del Presidente y sus allegados en perjuicio del bienestar ciudadano.
«Se configura la permanente incapacidad moral del Presidente por el irresponsable desmantelamiento de la administración pública y el copamiento clientelista de las instituciones del Estado, poniendo en riesgo su funcionamiento, la gobernabilidad y el futuro del país», señala en esta parte de la argumentación.
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