Crisis en Ecuador podría trasladarse al Perú: proponen leyes para proteger a policías y militares frente a persecución judicial
Expertos afirman que no estamos lejos de llegar a lo vivido en el norte, y algunos piden otorgar herramientas legales a las fuerzas del orden para combatir la criminalidad.
Los sucesos de violencia ocurridos en Ecuador llevaron a la Asamblea Nacional, el parlamento unicameral del hermano país del norte, a adoptar una medida inmediata buscando herramientas legales para combatir el nivel de terrorismo registrado en las últimas horas.
El Congreso acordó conceder indultos y amnistía a todo policía y militar que combata el crimen organizado. A través de una resolución las distintas bancadas acordaron respaldar al gobierno de Daniel Noboa en el combate contra dicha criminalidad.
“Nos encontramos trabajando en unidad, sin importar las diferentes corrientes políticas e ideológicas que representamos. La situación actual exige colaboración y cohesión. Estamos comprometidos en abordar este desafío con responsabilidad de manera conjunta”, indicó Henry Kronfle, presidente del Poder Legislativo.
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Estos hechos llevan a pensar si acaso en el Perú es necesario tomar las mismas medidas y empoderar con herramientas legales a la Policía Nacional del Perú y a las Fuerzas Armadas para combatir a los criminales sin temor a juzgamientos posteriores.
Si bien es cierto el Perú no ha llegado a los niveles que está viviendo Ecuador, tampoco faltamos a la verdad si decimos que estamos cerca de esos decibeles de delincuencia que ha sido catalogado como “conflicto armado interno” por el propio presidente Noboa. Una nueva cepa de terrorismo del cual podría contagiarse nuestro país.
Aplicar la inteligencia
Y no basta con cerrar las fronteras o declarar en emergencia las regiones limítrofes con Ecuador y Tumbes o Piura.
Es fundamental adoptar medidas legales y, en esa línea, el abogado penalista Mario Amoretti señaló lo siguiente: “Si nuestras autoridades no toman las providencias correctivas necesarias, corremos peligro de convertirnos en Ecuador, porque la delincuencia organizada, la delincuencia terrorista y la delincuencia violenta están ganando mucho terreno y no vemos resultados que permitan vislumbrar que lo que ha ocurrido en Ecuador no se pueda replicar aquí en el Perú. No basta con declarar Estado de emergencia en las fronteras, necesitamos aplicar con precisión el servicio de inteligencia y facultar a la Policía para detener a una persona en flagrante delito. Vemos que aquí se practican actos de terrorismo y no se intervienen a las personas, tenemos estados de emergencia pero no hemos obtenido resultados que nos garanticen seguridad”.
Amoretti agregó que el Perú podría replicar la decisión del presidente Noboa de castigar a aquellos malos fiscales y jueces que tratan con mano blanda a los delincuentes y los dejan en libertad bajo cualquier argumento jurídico.
“También es cierto que nos encontramos con malos fiscales que, lejos de colaborar para acabar con la delincuencia, hacen todo lo contrario y ordenan prisión preventiva contra el policía que matan a un delincuente, pero esos mismo fiscales permiten que los delincuentes vuelvan a las calles. Perú debería hacer lo que ha hecho el presidente Noboa y juzgar a los malos fiscales y jueces que liberan a los criminales. Ojo ya existe una sentencia del Tribunal Constitucional que impone que aquel fiscal que incumpla con su deber y no aplique la ley correctamente podrá ser procesado por prevaricato e incumplimiento de sus funciones”, manifestó a este medio.
Sin embargo, en el Perú existen muchos intereses políticos que buscan el poder a través del Ministerio Público y el Poder Judicial, necesitan “capturar” estas instituciones para sentirse protegidos, inmunes cuando se acabe el actual mandato.
Amoretti responsabiliza no solo a Dina Boluarte, sino también a los anteriores presidentes de este desgobierno en el Poder Judicial.
“Qué casualidad que se han puesto de acuerdo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para reformar el sistema judicial, en otras palabras quieren colocar a sus jueces para que los defienda y proteja cuando ellos se vayan. La justicia en el Perú está politizada pero será mucho más si el Ejecutivo y el Legislativo consiguen su objetivo y así se podrían cumplir las metas de Vladimir Cerrón, quien planea controlar la administración de justicia”, puntualizó.
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