Delincuencia se desborda: basta de inseguridad ciudadana en calles y plazas
Los políticos pierden el tiempo en debates y propuestas que no aterrizan, mientras el hampa sigue ganando terreno en el país.
La inseguridad ciudadana ha sobrepasado todos los límites inimaginables en nuestro país, y hoy por hoy no existe un solo peruano que no haya sido víctima –o conozca a alguien– o no haya sufrido las consecuencias de un robo, asalto, secuestro, extorsión o, en el peor de los casos, asesinato. Según la base de datos de la Policía Nacional del Perú (PNP), en el primer trimestre de 2021 se computaron 12,462 incidentes de robo (138 al día); en 2022 la cifra se elevó a 20,030 casos (223 al día); y en la primera mitad de 2023, el número subió a 26,652 robos (296 al día). Las cifras comparativas lo dicen todo.
El sicariato se ha apoderado de la ciudad mientras nuestras autoridades debaten leyes, piden facultades, firman acuerdos internacionales, pero ejecutan poco o nada.
En 2023, el gasto previsto para la función de 'orden público y seguridad' en los tres niveles de gobierno es de S/ 13,636 millones, cifra que representa solo el 6.1% del presupuesto de los recursos totales a gastar en el año (S/ 223,440 millones).
El 84% de del presupuesto total para seguridad (S/ 11,433 millones) está a cargo del Gobierno Central (a través del Ministerio del Interior), mientras que el 16 % restante (S/ 2,202 millones) es responsabilidad de las regiones y municipios del país. En otras palabras, presupuesto hay, pero ¿alguien ha visto que la seguridad haya mejorado en las calles de Lima o el Perú?
Ineptitud gubernamental
La incapacidad del Estado (Ejecutivo y Legislativo) se ha puesto de manifiesto y no existe un plan estratégico que haya funcionado para ponerle fin al crimen organizado y el sicariato, ese que el alcalde de Lima Rafael López Aliaga llama “terrorismo urbano”.
Precisamente el burgomaestre capitalino acaba de firmar un convenio de cooperación internacional con sus homólogos de Santa Ana (El Salvador) y El Cantón del Tulcán (Ecuador) para reforzar la seguridad ciudadana, intercambiar ideas y aplicar el llamado “Plan Bukele” que ha despertado tanta controversia, pues, según muchos especialistas, la realidad del Perú no se adapta a la de El Salvador, donde sí se logró reducir a la mínima expresión la inseguridad ciudadana.
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“Por favor, que los políticos no engañen al pueblo, es un imposible jurídico aplicar plan Bukele. Aquí algunos fiscales dan libertad a peligrosos delincuentes dedicados al sicariato, trata de personas, minería ilegal, corrupción, extorsión, narcotraficantes, arrebatadores de celulares… es decir una gama de delitos que no los ha tenido Salvador. Piden facultades para aumentar penas, pero existen más de 11 decretos legislativos para combatir inseguridad, pedidos por los últimos gobiernos de turno solo para titulares”, señaló el abogado penalista Mario Amoretti.
Agregó que se puede expulsar al extranjero al autor de un delito solo si ha sido sentenciado. O sea, pregonar que se impulsarán proyectos para erradicar en 48 o 72 horas a extranjeros de mal vivir en el Perú es una propuesta populista, solo para la tribuna.
Una febril ocurrencia
En el colmo del delirio, en 2021 el expresidente Pedro Castillo quería imponer a los ronderos como la solución al delito urbano; mientras que hasta no hace mucho se debatía a nivel congresal una ley que permita a los miembros de serenazgo utilizar armas no letales para hacer frente a la delincuencia.
Otros proponen que sean las Fuerzas Armadas quienes pongan orden en las calles, dejando de lado a la Policía Nacional. Y mientras las autoridades debaten proyectos inverosímiles, en la calle el peruano de a pie sigue indefenso.
“Hoy estamos peor, ya no es solo que nos quiten nuestros bienes y patrimonio, muchas de las victimas están quedando mal heridas cuando no muertas. Precisamente, el muerto número 67 en lo que va del año por acción del sicariato fue Marco Antonio Arbulú Posada, joven de 25 años que no tenía antecedentes penales, ocurrido en una losa deportiva, en el distrito de San Juan de Lurigancho, a plena luz del día en un partido que organizaba la víctima”, señaló César Ortiz Anderson, presidente y fundador de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec).
“Esto demuestra la falta de escrúpulos y descaros de los sicarios, que sabían que se estaba transmitiendo el juego en vivo por las redes sociales. Los delincuentes estaban exigiendo pagos extorsivos, conocidos como ‘cupos’, para permitir la realización del torneo deportivo, y como su pedido no fue atendido, tiraron del gatillo y asesinaron de manera sanguinaria a un joven deportista”, agrega.
“Este asesinato tiene un claro mensaje: el que no paga a la delincuencia, sufrirá las peores consecuencias, y hoy cualquiera puede ser víctima, no importa el distrito o ámbito, la delincuencia tienen dominio territorial”,
Por Martín Rodríguez
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