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El Perú debe declararse neutral y abandonar la OEA

Organismo hemisférico enviará una misión a Lima, pero no tiene ningún tipo de respaldo porque no puede interferir en asuntos internos, señalan Enrique Ghersi y Rodríguez Mackay. EE.UU. toma distancia del régimen.

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Fecha Publicación: 21/10/2022 - 00:07
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Por Plinio Esquinarila / César Rojas

"La aplicación de la mal llamada Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) no procede contra procesos regulares que se dan en el Perú, tanto en la Fiscalía de la Nación como en el Congreso de la República, contra la presunta conducta corrupta del presidente Pedro Castillo. Es una injerencia extranjera inaceptable en un Estado de derecho".

Es lo que opina el jurista Enrique Ghersi ante la decisión del Consejo Permanente de la entidad hemisférica de apoyar el pedido del Gobierno para la aplicación intervencionista como el enviar una misión no solo observadora sino para un supuesto puente "para la instalación del diálogo" entre los poderes del Estado y la misma oposición, so pretexto de defender la institucionalidad democrática.

"Lo fundamental es que la Carta Democrática no puede usarse contra denuncias constitucionales de carácter penal para encubrir a un jefe de Estado, porque es una violación del debido proceso protegido por una norma de mayor rango y de aplicación preferente como es la Convención Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San José", señala el analista liberal que participa en un evento internacional de corte liberal en España, con participación de personalidades de la talla del escritor Mario Vargas Llosa.

Ni el Ministerio Público ni el Congreso ni el Poder Judicial tienen obligación alguna de respetar los acuerdos del Consejo Permanente de la OEA realizado en la víspera. Y es que el Pacto de San José está por encima de cualquier otra norma interamericana, agrega.

"Los fiscales peruanos no pueden reunirse a dialogar con ningún enviado de la OEA. Esto porque estarían violando la ley. Ellos tienen la obligación constitucional de investigar, perseguir y denunciar el delito. Eso no está sujeto a ‘negociación’ con nadie", señala en forma enfática.

De otra parte, el Parlamento Nacional “sí debe explicar a la OEA que los procesos de acusación constitucional, también llamados en el derecho internacional “impeachment”, existen en todos los sistemas constitucionales y que ellos -los legisladores- están actuando conforme a la Constitución y la ley atendiendo el pedido de la fiscal de la Nación, la Dra. Patricia Benavides”.

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