Estrategia de corrupción de Odebrecht fue de alto vuelo

Si nos referimos a la estrategia legal y política en materia de corrupción que, como eje operativo y principal, gira en el entorno del consorcio empresarial que rubrica Odebrecht, se trata en realidad de un esquema táctico, operativo y ejecutivo muy bien definido que aparece diseñado de forma expresa y metodológica para corromper, sobornar y seducir a todos aquellos que se requería hacerlo en cada nación en donde operó esta trasnacional, para de esa manera lograr objetivos mercantiles encubiertos que, de manera previa, habían sido definidos y propuestos.

Un esquema de acción y de gestión en materia de corrupción y sobornos bajo distintos planos y áreas relacionados con el cohecho, el lavado de activos, el crimen organizado y los sobornos que a nivel nacional, regional e internacional había que llevar a cabo para, progresivamente, ir degradando instituciones públicas y algunas privadas que resultaban claves para la expansión de un proyecto de intereses y poderes ocultos.

Una planificación hacia el futuro en la que resulta vital sistematizar toda la mayor cantidad de información posible, para que frente a las eventuales acciones legales que en algún momento se tendría que suscitar, disponer de un acervo informativo y documentado que pasaría a convertirse en la mejor arma para negociar contra los futuros perseguidores. Un esquema de acciones que incluía capitalizar las debilidades y fortalezas de cada uno de los países en donde se iba a actuar, como parte de una gran estrategia en materia de corrupción relacionada con las altas esferas del poder, los partidos políticos y la misma gobernabilidad.

Inaudito, pero cierto

Tan cierto debe haber sido lo que se señala, que en algún momento se dijo en nuestro país que el consorcio corporativo Odebrecht era tan poderoso y omnipresente que podía sacar y poner ministros conforme a sus intereses. Algo inaudito, pero cierto, que demuestra los niveles de ingerencias y penetración que tuvo esta empresa en las políticas internas de los países en donde operaba. Una capacidad operativa de estas características, implicaba analizar y conocer a la clase política respecto a su fortaleza y necesidades. Implicaba también estar al tanto de los partidos políticos más representativos; quiénes era los políticos que podían tener mayor arraigo e influencia sobre la población; quiénes eran los que lideraban y tenían mejores opciones en el plano político; su conducencia ética, reticencia y antecedentes; además cuáles eran los grupos políticos de oposición o de convergencia que tenían mayores posibilidades. Igual también era importante conocer el sistema de justicia, en razón a que resultaba un componente vital en términos de rendimiento, operatividad, redención de cuentas, acceso, transparencia e independencia.

Rol de los medios

Hablamos de las características de las clases sociales, los niveles de información, la presencia de los grupos de poder, el rol de los medios de comunicación, y de toda una amplia gama de componentes culturales, legales, institucionales y sociales. Me imagino que hicieron un acucioso estudio de las condiciones en que se desenvolvía el mercado interno respecto de sus necesidades y limitaciones.

Según IDL – Reporteros, entre contratos, cobros y sobre-costos en el Perú referidos a proyectos, adjudicaciones y concesiones, hablamos de una suma aproximada de más de 25 mil millones de soles de inversión solo en los últimos tres gobiernos. En materia de sobrecostos adicionales, la suma bordeó los 4,693,710,471.97 millones de soles.

Igual implicó conocer las características de la clase empresarial y que tan factible era hacer alianzas o consorcios con ella, y la disponibilidad de un soporte legal entre abogados, estudios de abogados, árbitros, notarios, asociaciones gremiales e incluso colegios profesionales

Sin embargo, lo que más sorprendió es que se diseñó una estructura financiera subterránea y oculta para poder operar en todos los niveles, posiblemente como el soporte más importante que consolidaba todas y cada una de las acciones. Un modelo de corrupción de tales características y a tales niveles, requería de un tentáculo financiero y operativo que debía ser la columna vertebral de todo el sistema de corrupción, por varias razones: los sobornos a tales niveles implicaban movilizar millonarias sumas de dinero por todo el planeta, en términos de inmediatez, rapidez y sobre todo seguridad y anonimato. Esto implicaba disponer de testaferros, bancos, financieras, paraísos financieros, cuentas anónimas, empresas de fachada y una asesoría al más alto nivel.

Se trata, por un lado, de asegurar al máximo los resultados de la corrupción en todos los lugares para todos los participantes, tanto para asegurar al máximo al mismo funcionario que se corrompía, como para el consorcio empresarial que corrompía, el mismo que a partir de ese momento dispondría de un soporte informativo y archivo documentado de primer nivel para futuras negociaciones; y por otro lado, porque toda esta documentación y datos obtenidos pasarían a convertirse en el mejor medio de autodefensa para futuras negociaciones y denuncias con los mismos gobiernos corruptos.

Nos referimos a que la corrupción, como tal es un fenómeno criminal y político que se caracteriza por su continuidad, persistencia y permanencia en el tiempo: hablamos de la partidocracia, de la corrupción política en las altas esferas del poder y de la misma corrupción como la mejor correa de transmisión de toda la corrupción, en tanto que son los mismos gobiernos entrelazados a través de los cuales la corrupción y la impunidad transita bajo el mismo sendero como parte de una misma negociación. Una corrupción compartida y fragmentada, pero que a la misma vez resulta ser la misma, aunque bajo distintos matices y discursos.

Caso peruano

En el caso del Perú, dudo que hayamos tenido algún tipo de estrategia para enfrentar un fenómeno de corrupción de esta naturaleza. Lo que sí tuvimos fue una destreza, pero a la inversa, para favorecer a Odebrecht en términos de exención de responsabilidades penales, manejo político tergiversado que más bien, por el contrario, jugó contra todo lo contrario: debilitaron al Estado de derecho peruano frente a la corrupción cambiando funcionarios, modificando códigos y promulgando toda clase de leyes que terminaron poniendo en buen recaudo a los intereses y los activos del consorcio empresarial en cuestión.

En efecto, se modificaron nuestras normas procesales penales para que los investigados por corrupción vinculados al consorcio Odebrecht y las empresas nacionales relacionadas también con la corrupción, pudieran salir libradas de iguales o mayores problemas judiciales y obstáculos legales, otorgándoles grandes facilidades para que pudieran acogerse a la colaboración eficaz y el pago de reparaciones civiles, como el sustituto ideal para quedar exentos o por lo menos atenuada su responsabilidad penal.

Por Luis Lamas Puccio

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