Informe CIDH causa repulsa en Perú
Voces autorizadas reclaman que nuestro país debe retirarse de la competencia contenciosa de la Corte IDH y denunciar el Pacto de San José.
En el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación del Perú se afirma que la respuesta del Estado a las protestas que estallaron tras el golpe del 7 de diciembre de 2022 estuvo caracterizada “por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza” que se tradujo en “masacres” y “ejecuciones extrajudiciales”.
"Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”, señaló la entidad hemisférica en referencia a los sucesos de la toma del aeropuerto de Ayacucho donde ocho personas murieron y 26 fueron heridas, hechos que deben ser investigados " con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial”.
Situación parecida a lo sucedido en el terminal aéreo de Juliaca donde murieron 17 participantes en las protestas, así como terceras personas, en enero de este año en enfrentamientos con las fuerzas del orden, las mismas que también fueron atacadas con piedras, palos y juegos pirotécnicos, como avellanas, aceptan.
Estos sucesos, que en total suman 60 víctimas, son el ‘leitmotiv’ del informe que fue presentado la mañana de ayer en conferencia de prensa desde Washington por la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, quien hizo un llamado al gobierno de Dina Boluarte a investigar penalmente lo sucedido y obviamente sancionar penalmente los eventuales “crímenes”.
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Si bien los informes de la CIDH no tienen carácter vinculante, sin embargo la respuesta del lado peruano no tardó en llegar. La presidenta Dina Boluarte rechazó que en las algaradas posteriores a la caída del entonces presidente Pedro Castillo se hayan cometido ejecuciones extrajudiciales, pero añadió que las recomendaciones de la CIDH las evaluarán como gobierno y las irán atendiendo de acuerdo a nuestro marco legal y constitucional. (Ver página 4).
En la comunidad jurídica, sin embargo, está claro que Dina Boluarte y el mismo premier Alberto Otárola pueden terminar condenados por la Corte IDH, entidad del sistema interamericano que sí tiene carácter vinculante, de acuerdo la Convención Americana de Derechos Humanos, más conocido como el Pacto de San José.
Es por esa razón que crece la idea de que el Perú se retire de la competencia contenciosa de la Corte IDH o denuncie el mismo Pacto de San José, postura que de alguna forma comparte el presidente del Congreso, José Williams Zapata, y juristas de nota como Enrique Ghersi, Ántero Flores-Aráoz, Domingo García Belaunde y otros, como veremos después.
Por Plinio Esquinarila
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