La otra felonía: acciones inexplicables en Gasoducto del Sur

Han transcurrido 6 años y 7 meses desde que se decidió dar la caducidad del contrato del proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP), y estamos próximos a conocer el resultados de los laudos arbitrales a consecuencia de las demandas presentadas contra el Perú ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), una institución del Banco Mundial con sede en Washington.

Y es que por dos de las tres empresas del Consorcio Gasoducto Sur Peruano (CGSP), Odebrecht Latinvest, domiciliada en Luxemburgo, y la española Enagas SA, socios con el 55% y 25%, respectivamente, se fueron en queja por los activos del proyecto del gasoducto, opina el experto en temas energéticos César Gutiérrez Peña.

“La suma de las pretensiones de las dos compañías es del orden de los 2,000 millones de dólares (MMUS$) siendo la razón de fondo la devolución del valor contable neto de los bienes del GSP”, señala el también expresidente de Petroperú.

“Existen altísimas probabilidades que se les reconozca, dada la mala decisión tomada el 31 de enero de 2017, por el gobierno de Pedro Pablo Kuzcysnki (PPK), de emitir el Decreto de Urgencia (DU)-001-2017, según el cual el Estado -a través de Osinergmin- debería contratar la custodia de los bienes del GSP, con cargo a la carta fianza ejecutada al CGSP”, agrega.

La carta fianza ejecutada ascendía a 262.5 MMUS$, como consecuencia de la resolución de contrato de concesión publicado el 24 de enero de 2017. La custodia le ha venido costando al Estado peruano un promedio de 50 MMUS$ anuales, y a la fecha ya se han destinado 329 MMUS$, es decir, se excedió el monto de la fianza ejecutada.

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La decisión correcta, luego de la caducidad de la concesión por no conseguir Odebrecht el financiamiento (cierre financiero), era que el CGSP decidiera y dispusiera sobre sus bienes, más aun cuando la ejecución de obras -entre julio de 2014, cuando se firmó el contrato, hasta la resolución del mismo en enero de 2017-, se había hecho por su cuenta y riesgo.

Nefasto DU-001-2027

Es más, subrayamos que por la falta del cierre financiero, el contrato quedó resuelto, “responsabilidad que tendrán que asumir los que decidieron la emisión del DU-001-2027”, advierte César Gutiérrez.

El desarrollo del proyecto fue accidentado desde que se otorgó el 30 de junio de 2014, luego de la eliminación del consorcio competidor conformado por 4 empresas: la estadounidense Sempra, la francesa GDF Suez, la argentina Techint y la colombiana TGI.

“Mi opinión es que la descalificación del consorcio fue procedente, sin embargo, una serie de marchas y contramarchas en Proinversión que tenía a cargo el proceso, enturbió la decisión derivando en dos procesos penales, uno en juicio oral y otro en investigación preparatoria hace tres años y que acaba de prorrogarse por un año y medio adicional”, dice el especialista.

Cuando se firma el contrato entre el CGSP y el Estado (23/07/2014), el caso Lava Jato ya estaba en proceso en Brasil, pero la Constructora Norberto Odebrecht aún no había sido involucrada, lo que recién ocurrió en junio de 2015 con la detención de su CEO Marcelo Odebrecht, lo que puso en serios problemas de financiamiento al proyecto del gasoducto, porque el sistema financiero internacional, por políticas de debido cumplimiento (compliance) no deben otorgar recursos a empresas en investigación.

Desde junio de 2015, el CGSP, en su búsqueda de salidas, evaluó la posibilidad vender la empresa, lo que tuvo sus frutos en agosto de 2016, donde 2 de los 4 miembros del consorcio, Sempra y Techint, hicieron una propuesta de compra que fue de satisfacción del CGSP, recuerda Gutiérrez.

A esas alturas de la historia, PPK ya estaba en el ejercicio del cargo de presidente de la República, y en la CADE 2016, llevada a cabo en Paracas, entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre de 2016, manifestó que no se admitiría ninguna salida a la cláusula anticorrupción que tenía el contrato de concesión.

“La afirmación de PPK sonó a intransigencia, dado que se pudo condicionar el depósito del pago de la compra a un fideicomiso, a la espera de los resultados de las investigaciones de los supuestos actos de corrupción que se avecinaban. Esto devino en la caducidad del contrato el 24 de enero de 2017”, dice Gutiérrez.

“Previamente, a fines de diciembre de 2016 se anunció desde Estados Unidos que se habían pagado coimas a funcionarios peruanos entre el 2005 y el 2006, tiempo durante el cual PPK fue ministro de Economía y premier en el gobierno de Alejandro Toledo”, añade.

Por Plinio Esquinarila

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