Mario Amoretti: "Pedro Castillo ha cometido abuso de autoridad"
Penalista dice que el hombre del sombrero debe estar en la cárcel, y el general Graham Ayllón pide evaluar el tema de la vacancia presidencial.
Por C. Avendaño/C. Rojas/F. Quevedo
El copamiento de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) por reiteradas intromisiones políticas tuvo su punto más alto ayer cuando el excomandante general del Ejército, general de división José Vizcarra Álvarez, y su homólogo de la FAP, general del aire Jorge Chaparro Pinto, denunciaron que la destitución de sus altos cargos a solo tres meses de haberlos asumido fue por la presión del presidente Pedro Castillo para ascender a oficiales que le sean “leales” o chotanos.
La imposición en el cuadro de ascensos a los paisanos del mandatario Castillo, en especial el coronel EP Ciro Bocanegra Loayza, natural del distrito de Tacabamba, provincia de Chota, Cajamarca, quien ya labora en Palacio, y las presiones para que el exjefe de la FAP ascendiera al mayor general FAP a Édgar Briceño Camero desataron la crisis que estalló ayer.
Más allá de las connotaciones políticas, Vizcarra Álvarez recordó ayer en RPP Noticias que en el proceso de ascensos -que se llevó en forma transparente- hubo un hito clave, el 15 de octubre último, día en que "le manifesté al Presidente que era imposible el ascenso de Bocanegra porque no respetaba las normas. El impacto negativo sobre la institución iba a ser grande".
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"Eran varios los recomendados, pero hablamos del coronel [Carlos Ramiro] Sánchez Cuahuancama y el coronel Ciro Bocanegra. Puntualizó en ellos porque el secretario [general de Palacio] Bruno Pacheco Castillo y el ministro [de Defensa Walter Ayala] me insistieron tanto sobre esos oficiales que en reiteradas oportunidades tuvimos intercambios de ideas y conceptos de cómo funcionan las Fuerzas Armadas", señaló.
Es más, "justo después de terminar el proceso de ascensos, hubo un asalto en la puerta de mi casa en el que resultó herido el chofer de la seguridad de mi hija", denunció Vizcarra.
Este hecho, de por sí grave, ha pasado desapercibido por la prensa oficialista y de izquierda, más aún en circunstancias en que hay la sensación de que el Gobierno viene armando grupos paramilitares y hasta pone al servicio recursos del Estado desde la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) para hacer seguimiento y reglaje a colectivos de oposición, como la Legión Patriótica, o el colectivo Arica, entre muchos otros.
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