Mininter logró que justicia sentencie por vandalismo a 27 manifestantes

La justicia peruana empieza a poner mano dura para acabar con el vandalismo que se ha desatado a nivel nacional y que ha generado 68 puntos bloqueados en diferentes regiones del país. En esa línea, un total de 27 personas fueron sentenciadas por actos vandálicos durante las protestas registradas en los últimos 60 días, esto gracias a las acciones desarrolladas por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Contra el Orden Público, perteneciente al Ministerio del Interior (Mininter).

“Recordemos que hace unos días, el Poder Judicial ordenó la prisión preventiva, por un periodo de cuatro meses, contra siete personas, quienes fueron detenidas el pasado 26 de enero, durante los disturbios registrados en la Panamericana Sur, en las zonas conocidas como Expansión Urbana y Barrio Chino, en la región Ica”, precisa el comunicado difundido en la cuenta oficial de Twitter del Mininter.

Según detalla, las personas contra las que se dictó dicha medida fueron identificados como: Joel Vega Muñoz, Luis Alcides Castillón Estrada, Yony Mendoza Llamocca, Wilber Huamaní Flores, Felimon Huamani Medina, Ezequiel Benedicto Fernández Ponce y Junior Alexander Guzmán Castillo.

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En este nuevo caso y en el ejercicio de la defensa jurídica del Estado, la procuraduría logró que el Poder Judicial de Ica emita estos fallos por el delito de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos.

Recordemos que la región Ica ha sido una de las más convulsionadas en las últimas semanas, sobre todo en los sectores de Barrio Chino y Expansión Urbana, donde las vías permanecieron bloqueadas más de 11 días por un grupo de manifestantes que protestaban contra el gobierno de Dina Boluarte. Inclusive, los vándalos incursionaron en empresas particulares dedicadas a la agroexportación exigiendo a sus trabajadores a plegarse a las manifestaciones.

Según comunicó el Mininter, estas personas fueron plenamente identificadas como autoras de la toma de carreteras en esta región sureña. Por ello, recibieron sentencias condenatorias por encima de los tres años de pena, y están obligados a pagar reparaciones civiles por un monto superior a los S/ 50,000.

Terminación anticipada

En estos casos no se produjo la prisión efectiva de los sentenciados debido a que, ante las evidencias que los incriminan, se acogieron a la terminación anticipada, logrando así la obtención de sus sentencias sin mayores dilaciones, figura legal que fue analizada por el especialista Mario Amoretti.

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“Esta sentencia significa que estas 27 personas se han acogido a la terminación anticipada, o sea que aceptan su responsabilidad penal, aceptan los cargos que está formulando la Fiscalía y también aceptan la reparación civil.

Queda claro que el abogado les ha dicho que acepten los cargos para que la pena sea mucho menor y lo que han hecho ellos es acogerse a lo que se conoce como un derecho premial, vale decir que al sentenciado le reducen hasta en una tercera parte la pena si hay confesión sincera”, señaló el abogado penalista.

Terrorismo

El exdecano del Colegio de Abogados de Lima indicó que la pena a estas personas podría ser de hasta 20 años de prisión efectiva si se confirma que participaron en actos terroristas: “Hay que tomar en consideración si utilizaron bombardas o medios que generen zozobra en la población: ahí se podría considerar un acto de terrorismo como pasó con aquellos vándalos que incendiaron las comisarías, la Fiscalía o los locales del Poder Judicial.

Eso no se puede considerar vandalismo, hay algunos casos en los que se han infiltrado terroristas para practicar actos de terrorismo y tanto la Procuraduría como el Ministerio del Interior y la Fiscalía deberían analizar bien cuándo estamos frente a un acto de terrorismo, cuándo estamos frente a un delito de extorsión o cuándo estamos ante un delito de obstrucción a las vías de comunicación. En el caso de terrorismo la pena puede ser hasta de 20 años”, añadió.

Extorsión

Como especialista en temas penales, Amoretti Pachas pidió unificar criterios para que la pena sea similar en todas las regiones del país: “Si bien es cierto la Procuraduría puede denunciar, quien califica o tipifica el hecho es la Fiscalía y es necesario que uniformen criterios porque no es posible que aquí en Lima se les procese y denuncie por delitos de extorsión, pero en Ica solo se les denuncia por delitos de obstaculización a las vías de comunicación.

En Lima, la Fiscalía ha abierto investigación por delito de extorsión, eso quiere decir que aquel sujeto que utilizando la violencia obstaculiza las vías de tránsito o comunicación puede tener una pena de prisión efectiva de cinco a 10 años. Ojo, la pena puede ser mucho mayor si existe daño a las personas”.

En tanto, el Mininter consiguió que otros 22 manifestantes procesados por actos violentos en diferentes regiones del país reciban mandato de prisión preventiva, entre uno y 18 meses, mientras son investigados.

Las investigaciones que están en curso, en estos 22 casos, responden a sucesos ocurridos en los departamentos de Puno, Ucayali, Ica, Cusco y Arequipa.

Hay que indicar que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Contra el Orden Público, perteneciente al Mininter, ejecuta una labor preventiva en las diferentes ciudades del país afectadas por las protestas ciudadanas de los últimos meses, trabajando de la mano de la Fiscalía, el Poder Judicial y la Policía.

Para el general PNP (r) José Baella Malca, el Estado ha demorado mucho en poner mano dura para acabar con las agresiones que sufren los miembros del orden. Precisamente este sábado 11 de febrero, se cumplirá 60 días desde que se iniciaron las manifestaciones contra el gobierno de Boluarte que ya ha dejado 47 civiles fallecidos en enfrentamientos, un policía muerto por actos de violencia y más de 500 miembros de la PNP heridos e internados en diferentes hospitales del país.

Justicia rápida

“Felizmente ya se cambió de estrategia porque nuestra Policía estaba recibiendo palos, piedras, bombardas y bombas molotov por todas partes. Ya era tiempo de que se ponga mano dura y ese es el camino para contener esta ola de violencia que vemos a diario.

Las detenciones de la Policía tienen que ir acompañadas de una justicia rápida que procese de inmediato con el Ministerio Público. No se puede estar pensando de que al policía lo ataquen todos los días, que maltraten a los agentes y que les griten asesinos y no se haga nada para controlar a esos vándalos”, precisó a EXPRESO el exjefe de la Dircote (Dirección Contra el Terrorismo).

Como especialista en temas de seguridad y estrategia para combatir el terrorismo, Baella lamentó que existan algunas instituciones que justifiquen los ataques que han sufrido los policías por intentar recuperar el orden público.

“Hemos visto campañas de las ONG defensoras de los derechos humanos cuestionando la labor de la Policía y no había mano dura de parte del Estado. Solo era necesario aplicar la ley como están haciendo ahora que detienen y procesan a quienes cometen actos vandálicos. Si bien es cierto solo van a pagar una reparación civil, estas personas ya están advertidas y no pueden volver a cometer estos actos ilícitos, de lo contrario les puede caer una prisión efectiva. El Estado tiene que imponer el orden, de lo contrario esto se puede desbocar porque aquí hay intereses externos”.

En tanto, el Ministerio Público reafirmó el compromiso de la Procuraduría de perseguir el delito y que los actos violentos contra la policía, la ciudadanía y las instituciones públicas y privadas no queden impunes y se sancionen en el marco del debido proceso.

Arrepentidos y engañados

“Esta medida de la Procuraduría puede coadyuvar a que cese la violencia. Por ejemplo, en el Cusco se han sentenciado a cinco o seis personas en una audiencia pública y esas personas se han arrepentido, han confesado que fueron engañadas, fueron inducidas a la violencia. Esto va a servir de escarmiento para otras personas que piensan que la justicia no les va a llegar”, explicó Baella Malca quien finalmente agregó que se viene realizando un buen trabajo de inteligencia para dar con la identidad de las verdaderas personas o instituciones que colaboran económicamente con las marchas que ya empezaron a cobrar sus primeros sentenciados.

“La Dincote ha hecho una buena línea de investigación y es el Frente de Defensa del Pueblo Ayacuchano (Fredepa) que está detrás de estas manifestaciones violentas. También hemos visto que en el Callao se detuvieron a dos personas y hay que seguir con esas investigaciones para descubrir quién está subvencionando a estos terroristas”.

Otra fuente consultada por este diario fue el abogado penalista Julio Rodríguez, quien señaló que la sentencia contra estos violentos manifestantes está tipificada en el Código Penal. “La pena que recae sobre estas 27 personas corresponde en virtud a la comisión de actos ilegales, estamos hablando de comportamientos que están descritos de manera clara y precisa en el Código Penal, y el comportamiento de estas personas se subsume a lo que el código establece, por lo tanto lo que está haciendo la autoridad competente es interponer las acciones y después ejecutar las medidas para generar lo que en derecho se denomina la aplicación del principio del ejercicio de la potestad punitiva del Estado”.

Al igual que su colega Mario Amoretti, el doctor Rodríguez Delgado indicó que la pena contra estas 27 personas detenidas podría ser hasta de ocho años de arresto.

“La sentencia para estas personas va a significar una valoración de la responsabilidad penal que tengan en estos actos y eso determinará la aplicación de la pena privativa de la libertad y para ello hay que evaluar si las personas tienen antecedentes penales; si son primarios la pena podría rondar los seis años”, dijo.

“Pero si estamos hablando de personas que tienen antecedentes o comportamientos delictivos previos, tal vez el rango de la pena podría estar por encima de los ocho años. Lamentablemente el efecto disuasivo no es tan elevado, aunque evidentemente a largo plazo sí lo será”, agregó.

“Ahora, la disuasión inmediata está en manos de las fuerzas del orden, sobre todo cuando se está en estado de emergencia que permite el respaldo de la Policía y de las Fuerzas Armadas”, manifestó.

Como medida complementaria a la detención de los 27 manifestantes, la Procuraduría Pública informó que están realizando acciones para advertir, notificar y exhortar a los organizadores de las manifestaciones a no cometer delitos y respetar el orden público durante sus movilizaciones.

También tiene a su cargo realizar el levantamiento de los informes y proceder a la respectiva visualización de pruebas, con el objetivo de recomendar al representante del Ministerio Público la solicitud de prisión preventiva a quien corresponda.

Según cifras actualizadas por la Defensoría del Pueblo, hasta ayer se registraron movilizaciones, paralizaciones y bloqueos de vías en 24 provincias, lo que equivale al 12.2% del total de provincias a nivel nacional. Asimismo, se registraron movilizaciones y concentraciones en cinco provincias (Huamanga, Abancay, Lima Metropolitana, San Román y Yunguyo).

La moral alta

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Raúl Alfaro Alvarado, recibió a los policías que fueron enviados a diferentes regiones del país a controlar la violencia: “Por más riesgosa que sea la misión, el policía siempre está dispuesto a enfrentar los retos, la moral nunca decae. Nunca nos van a poder doblegar, nunca nos van a vencer la moral, porque la policía tiene el espíritu y el corazón lleno del amor de Dios, porque creemos en él y lo buscamos permanentemente. Podremos tener heridas, compañeros caídos, pero en la eternidad siempre serán policías”, señaló.

Asimismo, indicó lo siguiente: “Han tenido una respuesta efectiva a lado de la paz en defensa del bien, de la justicia y de todas las personas, por amor a Dios, la Patria, a la familia y a la gente, hoy es motivo de gozo para todos nosotros recibirlos a ustedes”.

La ceremonia contó con la participación de familiares de los policías que ya se encuentran de regreso en la capital.

Por Martín Rodríguez

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