Rosa Bartra sobre Rutas de Lima: «La Constitución no puede proteger un contrato corrupto»
Si se hubiese negado a cumplir la medida cautelar, hubiera comparecido en la vía penal por mandato judicial.
Un juzgado civil ordenó que se suspenda el cobro del peaje de Puente Piedra. ¿Rutas de Lima tiene que acatar este fallo o puede apelar?
Lo que habría que decir es que esta es una medida cautelar en tanto dura el proceso principal en el cual se está pidiendo la nulidad del contrato (ayer fue acatado).
En el fallo, el juez ordena esta medida cautelar porque asume que se va a pedir la nulidad del contrato. ¿Ya existe un proceso penal en ese sentido?
Ya se ha pedido; es decir, esta es una medida cautelar que se da fuera del proceso principal. Cuando estás frente a un caso que va a demorar y el perjuicio puede tornarse en irreparable, porque se siguen pagando los peajes, la ley prevé que se pueda conceder una medida cautelar.
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Entonces, hay una orden de suspensión provisional del cobro de peaje de Chillón y, además, han designado un veedor que va a verificar periódicamente que Rutas de Lima cumpla con la medida cautelar, porque, además, tiene un apercibimiento Rutas de Lima.
Si Rutas de Lima se niega a cumplir con lo ordenado en esta cautelar, van a ir a la vía penal por mandato judicial. Está, incluso, especificado el delito en el cual incurrirían, que es desobediencia y resistencia a la autoridad.
Y los representantes de Rutas de Lima podrían terminar presos.
Sí, el representante legal de Rutas de Lima, pero estimo que Rutas de Lima debe cumplir con suspender el cobro de peaje de Chillón (anoche se ejecutó).
n efecto, en un comunicado, la concesionaria ha dicho que cumplirá con la medida cautelar cuando la notifiquen.
Me parece una salida adecuada por parte del Poder Judicial frente a un contrato suscrito con fines ilícitos, en un marco de comisión de delitos.
La comisión del Congreso que tuve el honor de presidir ha mostrado, desde el año 2017, la contundencia de las pruebas que dan cuenta del favorecimiento absolutamente indebido a Rutas de Lima.
El informe que recomienda la investigación a Susana Villarán tiene ya 6 años en manos del Ministerio Público y el proceso no avanza, así que saludamos que el PJ haya, al fin, protegido los intereses de los ciudadanos.
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