Toma de América TV fue un hecho criminal: Así ocurrió el despojo del canal de televisión

Los accionistas de Perú Visión S.A., empresa que es la legal propietaria de América TV, nunca fueron notificados a lo largo del proceso concursal del canal de televisión que empezó en Indecopi en el año 2001 y desembocó en la insolvencia y posterior apropiación ilegal de ese canal de televisión por parte del Grupo La República, Grupo El Comercio y Redes de Colombia, según denuncia el abogado Jorge Antonio Castro Castro.

Perú Visión S.A. es propietaria de la Compañía Peruana de Radiodifusión (CPR) y, por ende, de América Televisión, a partir del 30 de diciembre de 1994. Los accionistas de esa empresa eran José Enrique Crousillat y su hijo José Francisco.

Aquel 30 de diciembre se suscribió un contrato de compraventa Nº 12955-9, mediante el cual el Grupo Televisa S.A. de México transfirió a Perú Visión S.A. el 99.9999% de las acciones de su subsidiaria Televisa Perú que, hasta ese entonces, se encargaba de la administración del canal de televisión.

En esa misma fecha, las partes celebraron un contrato de fideicomiso de administración de acciones y garantías mediante el cual Televisa S.A. de CV, le otorgó a Perú Visión S.A. un crédito por US$ 33’230,071.00. El Banco Nacional de México (Banamex) fue designado como fiduciario y las acciones quedaron en su poder, en tanto se cancelaba la deuda contraída.

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Posteriormente, el 15 de diciembre de 1995, se formalizó la fusión por absorción de las empresas Perú Visión y Televisa Perú, mediante la cual la primera absorbió en su integridad a la segunda y, en consecuencia, se convirtió en el dueño del total de las acciones y el patrimonio empresarial del canal de televisión.

Injerencia de Toledo

En los años posteriores, América TV tuvo problemas financieros y acumuló deudas con el Banco Wiese Sudameris, la Sunat, los trabajadores, entre otros proveedores de contenidos televisivos.

Esta situación fue aprovechada por el poder político, encabezado por el expresidente Alejandro Toledo, para declarar la insolvencia valiéndose de un pagaré falso y, luego, entregarle el manejo y usufructo del canal al Grupo La República y al Grupo El Comercio.

Para lograr ese objetivo se perpetraron una serie de irregularidades y los hechos delictivos entre los años 2001 y 2011 que han sido denunciados por el abogado Jorge Antonio Castro Castro, el actual presidente de directorio y accionista mayoritario de Perú Visión S.A.

Castro se ha abocado durante más de dos décadas a reunir, tanto en Perú, México como en Estados Unidos, las pruebas del escandaloso fraude que se montó para apropiarse de América Televisión.

Al mismo tiempo, ha presentado recursos ante la Fiscalía de la Nación, Congreso de la República, Poder Judicial, Indecopi y otras entidades privadas del exterior con City Bank de los Estados Unidos.

Las evidencias de la participación del expresidente Alejandro Toledo Manrique en este complot en contra de los reales accionistas de América Televisión son cada vez más categóricas.

El exmandatario utilizó su poder político para designar a los directivos de Indecopi funcionales a sus intereses y, asimismo, presionar a los directivos del Banco Wiese Sudameris, uno de los cuales tenían serios problemas con la justicia a raíz de su involucramiento con el caso Montesinos.

Existe una carta que le fue enviada el 19 de febrero de 2003 por los representantes de La República, El Comercio y Redes de Colombia, dando cuenta de “la buena noticia” de que se había tomado el control de la televisora. Firman esa comunicación Luis Miró Quesada Valega por el Grupo El Comercio; Gustavo Mohme Seminario por el Grupo La República y Javier Aguirre por el colombiano Grupo Caracol.

Este hecho constituye una suerte de confesión de parte, porque una empresa privada no tiene obligación alguna de informar de sus gestiones al presidente de La República.

El abogado Castro se pregunta: ¿por qué lo hicieron? ¿Era el informe al jefe?

El fraude concursal

La historia de este legicidio empieza con la resolución 3520-2001/CRP-ODI-CAMARA del 29 de noviembre de 2001, emitida por la Comisión de Procedimientos Concursales Lima Sur, que declaró la “situación de concurso” de la Compañía Peruana de Radiodifusión S.A.

Esta decisión, adoptada por un órgano de Indecopi, constituye, según Castro, el primer hecho criminal porque está basado en un pagaré falso fabricado el 4 de julio de 2001 por el funcionario del Banco Wiese Sudameris, Mario Alberto Santamaría Costa, con la anuencia de sus superiores.

En los meses y años subsiguientes sucede otro conjunto de hechos como parte de este proceso concursal plagado de vicios, irregularidades y delitos que se perpetraron con la participación o complicidad de funcionarios de Indecopi, direccionados desde el gobierno de Toledo.

El 26 de abril de 2002 se efectuó una reunión de la junta de acreedores que acordó la reestructuración patrimonial de CPR. Asimismo, el 4 de junio de 2003 dicha junta aprobó el plan de reestructuración respectivo, el cual contempló, entre otras medidas reorganizativas del patrimonio de dicha empresa, la reducción y aumento del capital social de CPR.

Finalmente, por Resolución 8740-2011/CCO-INDECOPI del 24 de noviembre de 2011, Indecopi declaró la conclusión del procedimiento concursal ordinario de CPR y la extinción de su junta de acreedores, al haberse efectuado el pago de todas las obligaciones contenidas en el Plan de Reestructuración.

Lo grave del caso es que en el proceso concursal iniciado en Indecopi solo se menciona como deudor a la Compañía Peruana de Radiodifusión, obviando, en todo momento, a la empresa Perú Visión S.A., la verdadera propietaria de las acciones.

Todas esas medidas se adoptaron a espaldas de los accionistas de Perú Visión S.A., cuyos accionistas, José Enrique Crousillat López Torres y su hijo José Francisco Crousillat Carreño jamás fueron notificados del proceso mientras estaban presos en Argentina y se les había suspendido sus derechos civiles a raíz de sus problemas judiciales en el caso Vladimiro Montesinos.

En esas circunstancias, Perú Visión S.A. no tenía directorio, sus accionistas no podían reclamar y, por eso, hicieron lo que quisieron con sus acciones y el propio canal de televisión.

“Perú Visión S.A., como legítima propietaria del canal de televisión, nunca fue notificada y no participó en el proceso concursal al que fue sometido desde el año 2001 y tampoco recibió aviso sobre la declaratoria de insolvencia por parte de Indecopi”, denuncia el abogado Castro.

Cuando José Enrique Crousillat recobró la libertad, recién pudo iniciar las acciones para recuperar su propiedad y el 12 de noviembre de 2012, solicitó declarar la nulidad de la resolución que declaró la conclusión del procedimiento concursal ordinario de CRP. Su pedido fue denegado en diferentes instancias.

El abogado Castro señala, además, que, en el proceso concursal fraudulento, Indecopi admite que hay terceros que tienen acciones con derechos.

“Ese porcentaje no fue materia de concurso, era de Perú Visión S.A., que pagó a Televisa Internacional por intermedio de Banamex; esas acciones no han sido materia de concurso”, explica.

Por Carlos Eduardo Villacorta