Urge tregua de poderes contra delincuencia: impunidad desata crisis y expertos recomiendan legalizar Consejo de Estado
Criminales están felices en un país con tanta impunidad; están muy cómodos porque tienen un sistema de justicia absolutamente corrupto.
Mientras el Congreso se enfrasca en discusiones sobre los proyectos de ley contra la delincuencia que aún no se concretan, sumadas a las escasas acciones del Ejecutivo para frenar este cáncer, los sicarios, asesinos, extorsionadores y ladrones siguen ocasionando daños a la ciudadanía.
Ante este dilema, exministros del Interior y especialistas en temas de seguridad ciudadana concuerdan en que mientras no haya un trabajo en conjunto entre todos los poderes autónomos del Estado, las leyes que pueda emitir el Parlamento no servirán de nada.
En diálogo con EXPRESO, el exministro del Interior, Gastón Rodríguez, sugirió que el Ejecutivo lidere todas las instituciones del Estado y que cada una de ellas trabaje intensamente en el uso de sus facultades, sobre todo en relación con la criminalidad transnacional.
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Aclaró que el Congreso no es un poder que solucionará todo este problema, sino que la manera en cómo es que las instituciones correspondientes -la Policía Nacional del Perú (PNP), el Poder Judicial (PJ), el Ministerio Público (MP), el Ministerio del Interior (Mininter) y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE)-, realizan su trabajo de acuerdo a sus facultades para erradicar la delincuencia.
“La solución no es desde el Congreso porque el Congreso no lucha directamente contra la criminalidad. La solución se llama liderazgo conductual, que significa dirigir todo el aparato de gobierno y todos los poderes del Estado en la lucha frontal contra la criminalidad”, explicó Rodríguez Limo.
Asimismo, recomendó al Ejecutivo mantener conversaciones con el presidente del PJ, Javier Arévalo; el titular del MP, Juan Carlos Villena; el titular del Mininter, Juan José Santiváñez; el ministro de Defensa, Walter Astudillo; el titular de Justicia, Eduardo Arana, y el presidente del INPE, Javier Llaque Moya. Además, sugirió que las mencionadas autoridades difundan su trabajo cada 15 días ante la prensa y la opinión pública.
“Se debe dar una conferencia quincenal al país diciendo, por ejemplo, que la PNP ha allanado un búnker en Lurín, donde se capturó a 85 ciudadanos venezolanos con armas y drogas. Luego, el señor fiscal de la Nación debe explicar al país cuántos de los 85 detenidos han sido denunciados ante el Poder Judicial. Seguidamente, el presidente del Poder Judicial debe indicar cuántos han sido enviados a prisión. Es la única forma de obtener resultados”, recomendó.
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