808 años de la Carta Magna que consagra que nadie está por encima de la ley
La histórica Carta Magna -la Constitución Política de hoy- fue firmada el 15 de junio de 1215, por el rey de Inglaterra, Juan I en el trono desde 1199 hasta su muerte en 1216, y que fuera apodado “Sin Tierra” debido a su carencia de herencia por ser el menor de los hijos y por su pérdida de los territorios en Francia. Precisamente, por haber decidido una serie de impuestos abusivos que volvió irascible a los nobles del reino, éstos en Runnymede, a orillas del río Támesis, en Londres, fue conminado a estampar su rúbrica en señal de subordinación al poder, donde nada ni nadie podía estar por encima de las leyes del Estado.
La Carta Magna se adelantó en más de 500 años a la Independencia de los Estados Unidos de América (1776) y a la Revolución Francesa (1789), ambas gestas universales que trasladaron la soberanía del monarca, amparada en el derecho divino, hacia la soberanía del pueblo, amparada en el derecho natural o iusnaturalismo. Un Estado, y sobre todo su clase política, no puede abstraerse del supremo valor de la Constitución Política que es la partera de la recta administración de su poder orgánico, con vigencia del Estado de derecho y la justa gobernanza dentro de un país. Los Estados que no la cuentan realmente optan por la arbitrariedad y el abuso como pasa con las dictaduras y los totalitarismos que la desprecian, y si ya existe, lo primero que pretenden es abolirla o imponer otra a su antojo.
La Constitución, también conocida como ley de leyes, contiene normas rectoras y de carácter principista por lo que jamás debe ser reglamentarista. En nuestra historia republicana hemos tenido 13: la Constitución de 1823 con Francisco Javier de Luna Pizarro, a la cabeza, fue la primera; la de 1860, dada durante el segundo gobierno de Ramón Castilla, la de más larga vigencia –hasta 1920-; la de 1979, que fue sancionada por la Asamblea Constituyente, presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre; y la actual, que perfeccionó a la de 1979 y fuera dada por el Congreso Constituyente Democrático en 1993. Junto a las trece -por espacio no podré referirme a las demás-, no debemos soslayar a la Constitución española de 1812, que una vez jurada, las Cortes que la dieron, al instalarse fueron presididas por el peruano Vicente Morales Duárez, casi en el crepúsculo del virreinato del Perú.
La Constitución es el punto de partida del ordenamiento jurídico de un Estado y prescindir de ella es confabularse con el abuso y la ilegitimidad; en cambio, priorizarla y preservarla da confianza interna e internacional y allana el camino para la administración justa del poder que deviene del sufragio universal. Cuidemos nuestra Carta Magna de 1993 que es la garantía constitucional de nuestro destino jurídico-político.
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