Abandonados a nuestra suerte
¿Sabrá la comunidad internacional que el Jurado Nacional de Elecciones, a cargo de los recientes comicios, no completó el número de sus miembros, como impone la ley? ¿Intuirá que ello ocurrió por una trama entre la Junta Nacional de Justicia y las, en ese momento, autoridades del Colegio de Abogados de Lima, para evitar que quien resultó elegido decano, en dos votaciones -el jurista Javier Villa Stein, opuesto a la dinastía caviar-, conforme la directiva del JNE? ¿Conocerá la aldea global que, en febrero de este año, el abogado Oswaldo Hundskopf renunció a la presidencia del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, organismo encargado de supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los partidos para las elecciones de este año? ¿O que posteriormente también renunciaron a formar parte de dicho Pacto los abogados Gastón Soto Vallenas y Delia Revoredo Marsano y la activista femenina Tarcila Rivera Zea? ¿Sabrá el mundo democrático que el presidente del JNE peruano es un abogado comunista, que obtuvo la excarcelación de múltiples terroristas condenados tras haber asesinado a muchos inocentes ciudadanos? ¿Recordará acaso el mundo que el, hasta ahora candidato presidencial Pedro Castillo, participó en los recientes comicios como representante del partido político Perú Libre, organizado y dirigido por Vladimir Cerrón; un político comunista entrenado durante una década en Cuba, que aplaude todas las violaciones de los derechos humanos que, desde hace seis décadas, se practican en Cuba, al igual que respalda esos mismos atropellos perpetrados por el chavismo en Venezuela? ¿Sabrán los líderes planetarios occidentales que en el Perú hay un poder fáctico que domina el Estado teledirigido por agrupaciones izquierdistas que no han llegado al poder a través de las urnas; e integrado por una prensa corrupta sometida al poder Ejecutivo para medrar de las arcas del Estado a través de la podredumbre de la publicidad estatal? Poder fáctico que digita a los magistrados -jueces y fiscales- y a los miembros del JNE, a través de un ente producto de un golpe de Estado llamado Junta Nacional de Justicia, cuyos integrantes responden al interés de aquella cúpula política de las izquierdas que espuriamente dirigen el apparatchick que domina al Perú. Todo apunta a que estas y otras interrogantes son desconocidas, tanto por el Departamento de Estado norteamericano como por la Comunidad Europea y muchos otros cenáculos que se han pronunciado precipitada, incoherentemente pidiéndole al JNE proclamar a Pedro Castillo, mientras se vanaglorian de defender los derechos fundamentales de la personas, los principios democráticos y las libertades individuales, incluyendo la del emprendimiento empresarial. Extrañamente, a los países que piden esa barbaridad sin exigirle al JNE que contraste el padrón electoral de ONPE con las decenas de miles de actas de votación impugnadas, ¿acaso no les interesa conocer si hubo fraude, como indican demasiadas evidencias que sólo podrían volverse en pruebas contrastando los resultados con las firmas y datos que figuran en ese padrón?
Todo indica que no. La suerte estaría echada en contra del 50% de los peruanos que votaron por la democracia y la libertad.
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