Acuerdo con Odebrecht dependerá del Poder Judicial

Bueno, el alfil Rafael Vela Barba y el peón Domingo Pérez hicieron su trabajo. La reina Zoraida Ávalos les facilitó el camino. Por su lado el asistente Miguel Ramírez cumplió las órdenes de su jefe Vicente Zeballos. Encima de todo, quien diera el visto bueno a este team de operadores fue el primer mandatario Martín Vizcarra. De esa manera, en medio de vítores, portadas, pantallazos y comentarios empalagosos de la vergonzante prensa vendida al Gobierno, el viernes pasado se consumaba uno de los grandes intentos de traición al país –la suscripción en Sao Paulo de lo que se le ha denominado “Acuerdo de Colaboración Eficaz con Odebrecht”–. Pacto que se asemeja a una felonía de la magnitud de la entrega del guano y el salitre vía el alevoso Contrato Dreyfus.

Pero cuidado. Porque a este acto repudiable afortunadamente todavía podemos llamarle intento de traición al país. La razón es evidente. El acuerdo de marras carecerá de toda validez mientras un juez no convalide semejante componenda del Ejecutivo, fraguada a través de la Fiscalía de la Nación (hoy sometida al poder político-empresarial por el régimen Kuczynski-Vizcarra) y el Ministerio de Justicia (sector maniobrado partidariamente desde que Marisol Pérez Tello ocupara aquella cartera). Dicho sea de paso, el copamiento de la Fiscalía de la Nación se ha consolidado gracias a aquella espantosa campaña desatada desde Palacio contra el fiscal Pedro Chávarry. Mas de mil portadas fueron publicadas en una semana con el entusiasta auspicio de una prensa corrompida, así como de los políticos y empresarios que están envueltos en la trama de corrupción más grande que registra el Perú. El propósito era demoler al ex fiscal de la Nación, quien había puesto nerviosos a los fiscales Vela Barba y Pérez justamente a raíz de cuestionar el secretismo con el cual manejaban el preacuerdo con Odebrecht, paradigma de la venalidad universal tras comprobarse su capacidad corrompedora que incluye a jefes de Estado, ministros, congresistas, burócratas de todo nivel, políticos, dueños de medios de comunicación, periodistas, opinólogos, etc. Bastó así que el entonces fiscal de la Nación solicitase información sobre aquel enigmático pacto para que se encendieran todas las luces ámbar en Palacio de Gobierno. ¿Por qué motivo? Probablemente debido a que el exfiscal también estaba interesado en conocer el avance de la investigación de otro asunto escabroso: “El Club de la Construcción”, escándalo que acaba de reventar y toca, precisamente, al presidente Vizcarra. Fue así como surgió una de las campañas mediáticas más teledirigidas, brutales y malintencionadas que recuerde la prensa peruana.

Miremos el panorama con optimismo. Reiteramos, en tanto un juez no convalide este infamante pacto con Odebrecht no existirá compromiso alguno del Estado peruano con aquella empresa corrompedora. Alentemos, eso sí, al Poder Judicial para que comprenda el papel que le ha tocado desempeñar en un momento álgido para la patria. El magistrado que vea esta causa deberá poner por delante los intereses del Perú aplicando la ley. Y sobre todo, el sentido común como ciudadano y funcionario de su país.