Acuerdo de colaboración…eficaz para Odebrecht (IV)

Esta es la última parte de mi análisis sobre el denominado Acuerdo de Colaboración Eficaz y Beneficios (fojas 1) / Acuerdo de Beneficios y Reparación Civil (considerando 17, fojas 7) / Acuerdo de Beneficios y Colaboración Eficaz (considerando 19, fojas 9 y Parte Resolutiva a fojas 279) ), como indistintamente es llamado en la resolución judicial de 17 de junio de 2019 que lo aprueba y a partir de la cual me he acercado, supongo, al acuerdo mismo que permanece –sin razón legal o material que lo explique– en el más estricto secreto.

Luego de este artículo, sólo queda trabajar una moción para logar que el Congreso de la República acuerde una comisión investigadora que rompa el secretismo e indague cuál ha sido, es aún, la razón para tal secreto, que no tiene precedentes en la historia de nuestra administración de justicia y en la labor de fiscalización que compete a diversas instituciones peruanas comenzando por las referidas a las propias instituciones comprometidas en dicho Acuerdo, como son el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, pese a ser públicos los antecedentes provenientes de la administración judicial norteamericana, los efectos posteriores en los recursos fiscales y la impunidad obtenida por la empresa y sus altos ejecutivos responsables de graves actos de corrupción.

Insisto, no es suficiente y más bien resulta indicativo de lo que se esconde detrás del referido Acuerdo, que la juez que lo aprobó haya advertido que se han soslayado graves cargos de organización criminal y lavado de activos para simplemente derivar en delitos menores como colusión, en sus formas simple y agravada, y se haya garantizado exención de pena a todos los actores y además eximir a la empresa de la aplicación de las medidas previstas en la Ley 30737 a la empresa matriz, su sucursal peruana y otra empresa de su propiedad.

Mientras tanto, va quedando claro que lo descrito en los párrafos precedentes no es ajeno a la gestión de gobierno iniciada a fines de julio de 2016, plagada también de graves indicios de posible corrupción no solo como antecedentes de sus más altos funcionarios sino, sobre todo, de actos posteriores destinados a asegurar total impunidad y continuar perjudicando los intereses del país desde las más altas esferas del poder.

No servirán los actos de intimidación que están en uso en estos días por parte de funcionarios que se atreven incluso a involucrar a las Fuerzas Armadas con sibilinos mensajes.

¡El Perú está primero!