Acuerdo fundamental para el futuro
Desde 2016 la política peruana ha reemplazado el sentimiento antifujimorista como principal factor polarizador en la sociedad, por la necesidad de mantener la ansiada impunidad, por parte del numeroso grupo social compuesto por quienes se enriquecieron indebidamente participando de los millonarios proyectos con las empresas constructoras brasileñas. Ellos constituyen un grupo heterogéneo, aunque con un fuerte sentido de autopertenencia, y desarrollan una estrategia común para lograr su ansiado propósito: disfrutar de los millones de dólares obtenidos sin la preocupación de ser sancionados. Para eso disponen de un número importante de periodistas que se sienten culpables al haber recibido dinero sucio por consultorías, media-training y publicidad; los jefes manipulan sus temores para seguir usándolos como sicarios, cuando se trata de atacar al unísono a cualquier funcionario público que amenaza la impunidad del grupo. Las municiones son proporcionadas por un puñado de ambiciosos fiscales y policías, deseosos de alcanzar ubicaciones que, de otro modo, no podrían obtener; dirigidos siempre por la ONG que protege el “Santo Grial” (el acuerdo de colaboración con Odebrecht) y que, bajo la apariencia de investigación periodística, selecciona y difunde las filtraciones con las que destruyen cualquier reputación, el prestigio adquirido durante décadas de trayectoria profesional, transformando de manera ficticia faltas éticas en espantosos delitos.
El daño que hacen a personas inocentes solo por cruzarse en su camino no se compara con el que producen al Perú, pues la sensación de permanente crisis política ha terminado por afectar a la economía, dejando de lado la teoría de “cuerdas separadas” estrenada con Toledo. El país no crecerá en 2024, los inversionistas no apuestan por un país donde cualquier cosa puede pasar, en el que cualquier delincuente puede ser presidente como resultado de la permanente confrontación, y eso se reflejará en la pérdida de puestos de trabajo en todos los sectores económicos, agobiando a millones de peruanos.
Posiblemente ha llegado el momento de reflexionar si conviene prolongar la guerra por la impunidad, o construimos un Acuerdo Fundamental para empezar una nueva etapa. Hagamos una verdadera reforma que permita la formación de una nueva élite política, organizada en partidos políticos nuevos o renovados, provistos de doctrinas válidas en el contexto mundial y programas permanentes que las concreten; una profunda reforma de todo el sector justicia, que empodere a los jueces y fiscales de limpia trayectoria, renunciando a seguir manipulando a sus instituciones. Hay que dejar la investigación, procesamiento y castigo de todos los que hubiesen podido cometer graves delitos de corrupción, a una administración de Justicia realmente independiente e imparcial. Para seguir adelante es necesario separar la política de la justicia.
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