Acusaciones en camino
El Pleno del congreso de la República acordó, esta semana, sancionar a una parlamentaria, acusar constitucionalmente a un expresidente de la Nación y llamar al parlamento para interpelar a un par de ministros de Estado, en constitucional ejercicio de su función de control político. Era lo que la población le venía exigiendo frente a una desorientada y anodina labor que venían ejerciendo los congresistas que reciben, dicho sea de paso, una baja aceptación ciudadana, según todas las encuestas de opinión celebradas periódicamente. A nada, algo es algo, como diría un ciudadano de la calle.
Como ya era habitual, muchos congresistas acusados de obligar a sus trabajadores a que les dieran parte de sus sueldos por haber sido designados por ellos, y a quienes se les conoce como “mochasueldos”, eran blindados por sus colegas para evadir las sanciones que se reclamaban para ellos. Y salían libres de polvo y paja, como si nada hubiera ocurrido. Una de ellas era la ex congresista de Fuerza Popular, María del Pilar Cordero Jon Tay, quien, previa reconsideración de una votación que la favorecía y archivaba su caso, inicialmente, fue sancionada con una acusación constitucional.
El Pleno del congreso aprobó la resolución legislativa que declara haber lugar a la formación de una causa penal, por ser “presunta autora del delito contra la administración pública en la modalidad de concusión en agravio del Estado”. El expediente de la acusación constitucional será remitido a la Fiscalía de la Nación para que proceda según sus atribuciones. Asimismo, la legisladora será suspendida en el ejercicio de sus funciones y deberes “en tanto dure el proceso penal”. Y como es de procedimiento, se dijo que este acuerdo se comunicará al Jurado Nacional de Elecciones para que emita la credencial correspondiente al accesitario y dejarlo expedito para ser incorporado al Congreso de la República. No se admitió, sin embargo, la denuncia para ser inhabilitada por diez años.
Otro acuerdo aprobado por el Pleno del congreso tiene que ver con la resolución legislativa que acusa al expresidente Martín Vizcarra por la “presunta comisión de los delitos de tráfico de influencia agravado, negociación incompatible y obstrucción a la justicia, en calidad de autor; y de peculado doloso, como instigador”. Una perla más del largo rosario de acusaciones que tiene el exmandatario y que, extrañamente, camina a paso de tortuga, mientras él recorre el país con claros afanes electorales, pese a estar inhabilitado por el congreso.
Se dijo que quedó demostrado que Vizcarra sí conoció a Richard Cisneros Carballido, proveedor que no tenía las condiciones requeridas para su irregular contratación, lo que habría sido coordinado con las ministras de Cultura involucradas en este hecho. Se trata del sonado caso de “Richard Swing”, pintoresco personaje que había sido contratado durante el gobierno de Vizcarra. La acusación constitucional pasará también a la Fiscalía de la Nación para que proceda con la investigación, según sus atribuciones.
Entretanto, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, declaró a la prensa, que él estimaba que para octubre de este año ya podrían estar designados los 14 miembros de la JNJ, entre titulares y suplentes. “Estableciendo ya el cronograma, en setiembre u octubre ya podríamos tener designados los 14 miembros. Porque al final son 14 miembros, porque el estatus del suplente no es decorativo. Ya se han incorporado en la práctica dos, el doctor Marco Falconí y, a la renuncia del doctor Ávila, ha tenido que regresar el doctor Thornberry, que estaba como titular, pero luego pasó a suplente por uno o dos días y luego volvió a ser titular”, precisó Gutiérrez. Esperemos que nos depara la semana que viene, en especial el destino que han tenido los ministros que concurrieron el jueves pasado al congreso a rendir explicaciones sobre sus portafolios.
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