¿Adelantar o no las elecciones?

Una reflexión acuñada a Albert Einstein reza que “locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”. Si trasladamos esa frase al plano político, no hay señales que nos hagan pensar que la situación económica de este año será diferente a la del anterior, en donde se confirmó la recesión y cerramos con una caída del 0.5% del PBI.
El BCR ha proyectado un crecimiento del 3% para el 2024, pero eso no sucederá, de ninguna manera, si viene un Niño potente y no moderado. Es realmente absurdo que aún no podamos domar a un fenómeno que sabemos que llega cada año para la temporada de verano.

El principal problema es la falta de confianza en el inversionista hacia la gestión de la presidenta Dina Boluarte, lo que se ha visto reflejado en una caída de alrededor del 7% de la inversión privada en el 2023. Es innegable que gran responsabilidad de la situación actual es del golpista y corrupto exmandatario Pedro Castillo, cuya peligrosa gestión provocó la fuga de 20 mil millones de dólares de ahorros de peruanos al extranjero, según anotó el exministro de Economía Ismael Benavides.

No obstante, Castillo ya está bien enjaulado y, para generar confianza, la cual ha sido desgastada desde que llegó el humalismo al poder, el actual Gobierno tiene que demostrar que el Perú es un país atractivo para las inversiones. Pero, a pesar de que la demanda de cobre va a crecer en los siguientes años por el auge de los autos eléctricos y demás tecnologías, como bien destaca Roque Benavides, la Administración de Boluarte no destraba importantes proyectos mineros como Tía María, en Arequipa, que ya no cuenta con tanta resistencia como la que pudo tener en su momento.

Como bien recordará el lector, el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, anunció que el proyecto cuprífero de marras sería una realidad en este Gobierno, pero, de inmediato, salió el premier Alberto Otárola a enmendarle la plana y afirmó que Tía María no estaba en agenda. Un mensaje totalmente nocivo que no hace más que espantar a las inversiones, tal como lo hace también la menesterosa lucha del Ejecutivo frente a la inseguridad ciudadana, sin brindar el respaldo necesario a las fuerzas militares y policiales para que puedan abatir a delincuentes sin temor de acabar entre las rejas por cumplir con su labor.

El Estado, en general, debe entrar en una política de austeridad y reducir el gasto corriente. Sin embargo, los parlamentarios, salvo excepciones que se llegan a contar con los dedos de una mano, reciben bonos sin justificación alguna. Una cachetada a la ciudadanía que, en su mayoría, no ve otra salida que el adelanto de elecciones.

Anticipar los comicios generales traería, teóricamente, mayor inestabilidad al país, pero, cuando la pobreza aumente y hambre apremie –porque la única forma de reducir la mendicidad es con un crecimiento económico por encima del 3%–, puede empezar la convulsión social. A río revuelto, ganancia de pescadores o, en este caso, de radicales etnocaceristas. Si Dina Boluarte no hace pronto un cambio total del Gabinete, no llegará al 2026. Y tampoco lo hará el Congreso, que sigue en una luna de miel inacabable con el Ejecutivo, y ni siquiera puede censurar al ministro de la recesión, Alex Contreras.

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