Administración judicial: ¿Reorganizar y/o Reestructurar?

En importante y oportuno editorial el Diario Expreso ha señalado “que hemos tocado fondo y la necesidad de declarar en emergencia el Sistema Judicial” (SIC). No es la primera vez que se aborda tan imprescindible necesidad. Reiteradamente juristas, periodistas, justiciables, etc., han expuesto observaciones y quejas por la virtual ineficiencia en la administración de justicia y de los magistrados fiscales y/o jueces de todas las jerarquías. Lo acreditan innegables hechos en la actual administración de justicia.
Las constituciones de 1920, 1933, 1979, 1933 normaron que la potestad de administrar justicia la ejerce el Poder Judicial gozando de “unidad, exclusividad e independencia”; el Ministerio Público tiene los mismos derechos y prerrogativas (Constitución 1993, artículos 138°, 139°, 159°). También las estableció la de 1979. La constitución, leyes orgánicas del Poder Judicial y Ministerio Público, Códigos sustantivos y adjetivos señalan con precisión las obligaciones y deberes de los fiscales y jueces. Para ser fiscal y/o juez debe haberse estudiado Derecho y graduado de abogado y estar colegiado: por ende, debe suponerse que conocen la ley y lo que es administrar justicia. Juraron cumplir con la ley (Constitución, artículo 109°).
Sin embargo, se vienen evidenciando que los magistrados incumplen la Constitución y las normas legales. Lo expuesto en el citado Editorial de Expreso es verdad indiscutible, Además podría sumarse la dilación en procesar las investigaciones fiscales y los procesos judiciales en todas las instancias y en todas se incumplen los plazos procesales, situación que afecta a miles y miles de justiciables especialmente a los agraviados en materia penal y demandantes en civil (alimentos, cumplimiento de contratos, defensa de la legitima propiedad, por beneficios sociales laborales y derechos jubilatorios), etc. Otros son el cambio constante de juzgados y cortes en causas (expedientes) judiciales, la dilación e ineficiencia de los denominados “órganos de control”, excesiva burocracia. Todo ello no obstante a que los magistrados perciben envidiables remuneraciones.
En nuestra sociedad muchos estiman que es necesario reorganizar y/o reestructurar el Poder Judicial y el Ministerio Público y para que sean realmente eficaces es necesario remodelar y reajustar sus estructuras para suprimir sus deficiencias y dilaciones. Que los escritos desde las demandas no sean objeto “de trámites burocráticos” y los decretos, autos y sentencias obligatoriamente se expidan en los plazos fijados en los códigos y normas procesales. Establecer la personal responsabilidad jurisprudencial, administrativa y penal de los magistrados que incumplan sus deberes.

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