Agonía de una fiscal
Lo que mal anda, mal acaba. La todavía fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela –ilegítima e inconstitucionalmente enquistada en el cargo–, ha apelado a cuanta estratagema tuvo a su alcance para impedir el retorno a su cargo de la exfiscal de la Nación, doña Patricia Benavides. El último manotazo de la aún fiscal Espinoza, consistente en suspender provisionalmente los efectos del artículo tercero de la Resolución 231-2025-JNJ emitida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) el 12 de junio de 2025 –que ordena reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación–, ha sido rechazado por el juez supremo Juan Fidel Torres Tasso.
La aún fiscal Espinoza Valenzuela alega que dicha disposición afecta “en forma directa e inmediata mis derechos fundamentales, porque fue elegida fiscal de la Nación el día 8 de noviembre pasado por la Junta de Fiscales Supremos para el periodo 2024-2027”. En esta materia, el magistrado Torres Tasso precisa que la “apariencia de los derechos invocados no alcanzan su expresión relevante con fines de tutela cautelar”. Cambio y fuera.
Espinoza ha defendido su permanencia, alegando que su elección como fiscal de la Nación “fue legítima y respaldada por la Junta de Fiscales Supremos”. También persiste en que la resolución de la JNJ “carece de validez”, porque no fue firmada por todos sus miembros; y, finalmente, ella no considera estar incurriendo en desacato alguno, sino que está ejerciendo su derecho a cuestionar una decisión que estima ilegítima.
No obstante, su desconocimiento a una sanción constituye otro desacato que podría ser considerado falta grave. Porque si Espinoza incumpliera el mandato judicial del magistrado Torres –relacionado con aquella tutela cautelar que ordena reponer a Patricia Benavides en su cargo– se hará merecedora a implicancias jurídicas e institucionales por desacato judicial. Y el incumplimiento de una orden judicial constituye un claro delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, tipificado en nuestro Código Penal. Este hecho podría abrir una nueva investigación penal contra Espinoza. También, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) –que tiene facultad de sancionar a jueces y fiscales, incluyendo su suspensión o destitución– ha advertido que, en cualquier caso de incumplimiento, podría solicitar el apoyo de la Policía Nacional para ejecutar su determinación.
Dentro del contexto institucional, evidentemente esta disputa entre Espinoza y la JNJ refleja una honda, peligrosa crisis en el Ministerio Público, con implicancias sobre la independencia de poderes y el respeto a las decisiones judiciales. Inclusive el Poder Judicial ha precisado que la Policía Nacional “no puede ser impedida –como insiste en hacerlo la fiscal Espinoza– de investigar todos los crímenes y delitos que ocurran, ni tampoco de cumplir sus funciones de detención en los casos de flagrancia o de mandato judicial”, aun si estos involucran a altos funcionarios públicos.
Obviamente, la estrategia de la aún fiscal de la Nación, Espinoza, para aferrarse al cargo a cualquier costo, sigue vigente. No obstante, de seguir forzándola, tendrá que vérsela con la Justicia. Bueno es culantro, pero no tanto, fiscal Espinoza. Su menosprecio por la ley queda explicado.
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