Agresiones a la prensa

No podemos dejar de recordar que, desde el primer día de haber asumido el gobierno, el profesor Pedro Castillo se mostró distante y huidizo a responder a la prensa, como era costumbre con todos los mandatarios que le precedieron. Incluso antes, desde la campaña electoral, Castillo fue particularmente agresivo con los periodistas y los medios de información, a los que enfrentó, abiertamente, con la población, calificándolos de “mermeleros”. La satanización fue pública en calles y plazas, tratando de afectar la imagen de los medios, como instrumentos de información y opinión en libertad.

Castillo trató, en lo posible, de guardar distancia de los periodistas que lo seguían, buscando arrancarle dos palabras con cualquier mensaje suyo. Tarea imposible y, con el tiempo, riesgosa. Los hombres y mujeres de prensa eran, la mayoría de las veces, alejados a empujones por sus elementos de seguridad, El mandatario nunca entendió que la información es un derecho y que él, como primer ciudadano del país, está obligado a dar cuenta de sus actos al pueblo que lo eligió.

Y como los malos ejemplos corren más rápido de lo que uno piensa, los seguidores del jefe de Estado empezaron a creer que la prensa y los periodistas debían ser tratados con la punta de los pies. En este juego, riesgoso y perverso, el mandatario y sus amigos o ministros más cercanos aprendieron a moverse con relativa tranquilidad, flanqueados por robustos guardaespaldas y la policía con uniforme, provista de escudos y varas o su revólver de reglamento.

Algunos sectores de la población empezaron a ver también a la prensa con escepticismo y hasta como enemiga. Prueba de ello es lo ocurrido, recientemente, en un poblado del distrito de Chadín, en Chota, de donde viene el presidente. En circunstancia en que los reporteros de América Televisión filmaban y recogían entrevistas entre los pobladores respecto de una denuncia difundida contra la cuñada del mandatario, un grupo numeroso de ronderos los interceptaron y obligaron, bajo amenaza, a leer un mensaje autoinculpatorio, tratando de señalar que lo dicho en el informe de Cuarto Poder era falso. Es más, se quedaron con los equipos del camarógrafo, que la policía deberá investigar.

Frente a este hecho de violencia contra periodistas, la reacción de protesta fue unánime en la ciudadanía. Los entrevistados advirtieron que se trataba de una amenaza a la libertad de prensa. Incluso el presidente Castillo compartió un tuit lamentando el hecho, pero evitando responder a los periodistas sobre el particular, durante su llegada al consejo de ministros descentralizado celebrado en Celendín. Los ronderos del lugar se tomaron la libertad de presionar a los periodistas para obligarlos a que abandonen la investigación periodística que venían realizando, protegidos, quizás, emocionalmente, por la figura del mandatario, a quien consideran víctima del abuso de la prensa que ha informado de sus supuestas vinculaciones con la corrupción.

Otra iniciativa que motivó la reacción unánime de las organizaciones de periodistas fue el proyecto de ley que el gobierno presentó al Congreso de la República, a través del cual se pretende sancionar la difusión de información reservada en la investigación penal. Esta iniciativa, conocida como ley mordaza, establece que cualquier persona que difunda información reservada, dentro del proceso de investigación fiscal, será sancionada con pena privativa de la libertad. Rápidamente, organizaciones como IPYS, ANP, FPP, y CPP, que representan a los periodistas, alzaron su voz para alertar que se trataba de un atentado a la libertad de prensa, lo cual resulta peligroso, más aún, en estas circunstancias políticas por las que atravesamos. “Rechazamos y condenamos este tipo de coacciones y chantaje periodístico a quienes informan con la verdad. Con este proyecto de ley, estaría perjudicando la labor del periodismo de investigación, en el caso de aprobarse en el Pleno del Legislativo”, señaló IPYS.

“El proyecto del Ejecutivo, que bien puede ser calificado como una ‘ley mordaza’ vulnera no solo la legislación nacional, también colisiona con la filosofía y estándares de la Libertad de Expresión y el Estado de Derecho en el hemisferio que suscribe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que tiene carácter vinculante para el Perú, así como la Declaración de Chapultepec cuando se establece el principio que no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa, resaltando que el ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades, es un derecho inalienable del pueblo”, precisó, a su vez, el CPP. No debemos permitir que estas actitudes prosperen, esperamos que el Congreso esté a la altura de las circunstancias y archive el malhadado proyecto.

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