Al debate la politiquería de la Corte IDH

¿Qué ocurriría si un terrorista atenta contra la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y, como consecuencia del ataque, pierden la vida algunos de sus integrantes?

Por supuesto que causaría el rechazo y la indignación de la población. Así de indignante es que dicho organismo obligue a los gobiernos a indemnizar a los terroristas que atentaron y mataron a ciudadanos y custodios del orden que solo han cumplido con su función para hacer respetar las leyes que rigen en cualquier sociedad civilizada.

En nuestro país, veinte años de terrorismo dejaron como saldo cerca de 70 mil muertos y pérdidas económicas que superan los 30 mil millones de dólares (con ese dinero en cada región se habría podido construir 100 escuelas con infraestructura del primer mundo, universidades y hospitales).

A esas tenebrosas cifras, que la gente vinculada a Sendero Luminoso y el MRTA quiere hacernos olvidar, hay que agregar el daño psicológico que el terrorismo causó a la población. Los terroristas son responsables de muchas consecuencias negativas para las familias afectadas y los que vivimos en medio de apagones y atentados con coches bomba o asesinatos crueles de policías y soldados. Eso no lo olvidaremos nunca.

Por ello, es fundamental que en el siglo XXI eduquemos en una perspectiva de ciudadanía y de memoria. Tenemos que enseñar y recordar los hechos que han ocurrido entre 1980 y el 2000. Si no lo hacemos estaremos condenados a vivir la misma historia.

Y, tal como lo propuse, es también hora de poner en debate el retiro de nuestro país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando hice la propuesta, generó un escándalo entre los caviares que de inmediato reclamaron mi salida del gabinete ministerial. No era más que una opinión, pero lo consideraron una herejía, como si esa Corte fuera un ente intocable, inmaculado, dueño de la verdad.

No es solo la Corte, sino también la Comisión (CIDH). Ambos integran el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que dependen de la OEA. Funcionan igual y tienen el mismo criterio político sesgado, porque lo integran personas vinculadas a una ideología que defiende supuestamente a personas afectadas en sus derechos fundamentales y ve a las fuerzas del orden como enemigas por el solo hecho de hacer respetar el orden y la paz en un gobierno democrático.

Ya lo ha vivido el gobierno actual y todos hemos sido testigos de las conclusiones que presentaron como si nuestras fuerzas del orden, obligadas constitucionalmente a defender la tranquilidad pública, hubieran disparado a matar a ciudadanos inermes que no eran otra cosa que grupos manipulados y azuzados por fuerzas siniestras, financiadas por el narcoterrorismo e intereses foráneos.

Nuestras autoridades enfrentaron hordas violentas que bloquearon carreteras, pretendían destruir aeropuertos, incendiaron locales públicos y privados y se ensañaron con Lima, nuestra ciudad capital. Pero para los burócratas de la Corte IDH los agresores eran personas que ejercían pacíficamente su derecho a protestar.

El debate está abierto. Analicemos con tranquilidad las ventajas e inconvenientes que implica retirarnos de la Corte IDH, es probable que una medida tan extrema no sea necesaria, si existieran formas de cuestionar comportamientos sesgados, usualmente financiados por ONG que resultan más influyentes que la OEA en las actuaciones de la CIDH. Exijamos y trabajemos para que los comisionados sean personas imparciales, no vinculadas a ideologías de derecha o izquierda. Que sean objetivos y punto.

Por Óscar Becerra Tresierra

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